Mientras en Venezuela silencian el caso:
Mientras en Venezuela silencian el caso de la niñera de Elías Jaua, en Brasil tres instancias investigan al ministro de las Comunas por el tráfico ilegal internacional de armas de la empleada de la familia, Yaneth Anza, la presencia no autorizada de un funcionario en ese país y la firma con movimientos sociales sin aval del Estado vecino, publica El Nacional
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de ayer, que tenía en agenda la petición de los diputados Andrés Velásquez (La Causa R) y Ángel Medina (Pimero Justicia) de investigar al vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Territorial por la presunta comisión de uso indebido de bienes del Estado (peculado de uso), delito previsto y sancionado en la Ley Anticorrupción. “Suspendida inexplicablemente. En Brasil investigan, pero aquí nadie”, afirmó Velásquez.
La plenaria del Legislativo y la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dominada por el PSUV, han rechazado abrir una investigación, a pesar de que desde 1998 Hugo Chávez condenó “las colitas inmorales” de Pdvsa y el presidente Nicolás Maduro inició la “guerra contra la corrupción”, lamentó la diputada de Primero Justicia Dinorah Figuera.
El Parlamento, la Procuraduría y el Ministerio Público brasileños, en cambio, levantan tres expedientes. El Congreso interpeló al canciller Luis Alberto Figueiredo el 19 de noviembre, a quien el diputado opositor Ronaldo Caiado, partido Demócratas (DEM), demandará ante la Procuraduría por delito de responsabilidad al desconocer la agenda de Jaua en Brasil. Ese día Figueiredo aseguró que el convenio Jaua-Movimiento Sin Tierra no tiene válidez para el gobierno brasileño y que expresaron ante Miraflores “la disconformidad por el acto del ministro”.
La Procuraduría indaga el “el viaje inconsulto” de Jaua y desde el 12 de noviembre el Ministerio Público efectúa una “investigación civil” sobre el envío de 26 niños brasileños a campamentos de entrenamiento en las “Brigadas Populares de Comunicación” en el estado Sucre, desde 2011. “Esa actividad es violación de los derechos humanos”, dijo a la prensa el fiscal brasileño, Ailton Benedito.
La Cancillería de Brasil debería informar esta semana al Ministerio Público sobre el viaje de los menores, las condiciones, el tipo de actividades que hicieron y los responsables del grupo.
Entretanto, Jaua hace mutis y enfoca sus actividades públicas en actos del Ministerio de las Comunas y la Corporación Miranda. Ayer, por ejemplo, entregó créditos en los Valles del Tuy. La única defensa suya surgió del Movimento Sin Tierra (MST), que atribuyó a sectores “conservadores derrotados” la creación un clima de “inestabilidad política” contra “el bolivarianismo”.
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