lunes, 5 de enero de 2015

“Funcionarios del régimen de Maduro, se la dan de populistas y compran yates y mansiones en Florida”

Mario Díaz-Balart, congresista de Estados Unidos, afirma que es “relativamente fácil” identificar y sancionar a corruptos venezolanos en su país. Entrevista exclusiva de La Verdad con el congresista cubano-americano, fuerte crítico de los regímenes castrista y venezolanos, publicada el 27 de julio

Mario Díaz-Balart desdeña la “dictadura en Venezuela” sentado en su oficina de Washington sobre un reluciente sillón de cuero negro. Tres mil 300 kilómetros le distancian de Caracas, pero desde allí olfatea con facilidad la piel de un régimen que le recuerda al de su tío: el mismísimo Fidel Castro.

Que el líder de la revolución cubana se haya casado y divorciado de su tía Mirta a mediados del siglo pasado, cinco años antes de ser presidente, parece haberle curtido en la particular labor de identificar dictadores. Él ni había nacido cuando hubo las nupcias y la separación. Pero ambos comparten lazos imborrables: “Fidelito” Castro Díaz-Balart es, por ejemplo, primer hijo del barbudo dirigente y primo hermano de sangre del legislador.

Para él, congresista del distrito 25 de Florida y representante de ese estado en la cámara baja, Nicolás Maduro preside un gobierno de corte totalitario similar al isleño. “Es una dictadura, mi padre la llamaría dictadura descafeinada, porque tratan de aparentar que no lo son”.

Entre una amplia ventana ubicada a sus espaldas fulgura el Capitolio bajo el sol de la 1.20 de la tarde. En la sede legislativa de Estados Unidos, ubicada a un mero cruce de acera desde este búnker administrativo, Díaz-Balart votó el 28 de mayo pasado en pro de la resolución que sembró el miedo en un puñado de corruptos en Venezuela.

La legislación 4587, aprobada gracias al consenso entre demócratas y republicanos, contempla sanciones en territorio norteamericano contra violadores de derechos humanos y censuradores de prensa en Venezuela. El retiro de visas, el bloqueo de transferencias financieras, así como la congelación de bienes y propiedades, son puntas de lanzas.

Y en la Cámara de Representantes aún esperan el último envión desde el Senado hasta la oficina oval de Barack Obama para su ejecución.

Boliburgueses en Florida

Díaz-Balart, hombre de voto conservador y fiel acólito del embargo a Cuba, estruja ambos brazos de su asiento al hablar de Miraflores. Jura que no pocos oficiales venezolanos han saqueado las arcas de la República para comprar bienes en su estado.

“Muchos de ellos han robado los fondos del pueblo y los han usado para comprar mansiones y yates en el sur de la Florida. En Venezuela se la dan de populistas, pero han usado ese dinero no para ayudar al pueblo venezolano. Estamos hablando de miles de millones de dólares”.

Es reacio a develar en detalle cómo el Gobierno detectará a esos legitimadores de capitales robados. La legislación 4587 da un plazo de 90 días al presidente Obama para que remita a los comités del Congreso la lista de personas que califican como violadores de DDHH y de libre prensa. A partir de allí iniciaría la cacería de bienes tintados de corrupción. Esa lista preparada por la Casa Blanca reposará en las oficinas del Capitolio solo si la ley sobrevive al crisol del Senado.

La tarea de ubicar las propiedades y cuentas “manchadas” es una tarea relativamente sencilla para la administración Obama. “Es fácil saber quiénes son, dónde están. En muchos casos las han comprado a nombre de otras personas para tratar de ocultarlas, pero es fácil de saber”.

Apetito bipartidista

Entre las paredes de la oficina de Díaz-Balart, tanto como en el mismo Capitolio, se palpa el apetito de justicia con respecto a Venezuela. Sobre el tema hay consenso bipartidista, lo cual en Norteamérica es mucho decir en política. Demócratas y republicanos quieren implementar las sanciones. Pero en la Casa Blanca reina, por ahora, la prudencia.

“Hay apoyo bipartidista de la cámara para presionar, sancionar a los que están violando DDHH y para demostrar solidaridad con el pueblo venezolano. Hasta ahora no hemos visto que el presidente haya querido demostrar ese tipo de solidaridad. Es un reto que tenemos con él. Esperamos que recapacite y se una a tratar de ayudar al pueblo venezolano”.

Los 10 minutos de entrevista se agotan. Otro punto en la agenda aguarda tras la puerta. Díaz-Balart posa para una fotografía frente a un armario repleto de libros y al lado de una bandera estadounidense que guinda de un pendón. Antes, aún sentado frente al grabador, había mencionado que él y sus colegas aumentaron los fondos para “ayudar al proceso democrático” en Venezuela. Urge una última pregunta.

- ¿Está consciente de que esos fondos son interpretados en Venezuela como parte de una conspiración?

- Todas las dictaduras critican cuando alguien trata de ayudar a los que luchan por la libertad. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que haya consecuencias sobre los que cometen violaciones a DDHH. Si uno se va a preocupar por lo que piensan ellos en Venezuela…
Sabrá bien de ello el sobrino político de un individuo como Fidel.

Bloqueo de bienes

La legislación 4587 aprobada en cámara baja del Congreso de EEUU autoriza “el ejercicio de todos los poderes concedidos al Presidente por el Acto de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia para bloquear y prohibir todas las transacciones en propiedad y bienes (de violadores de derechos humanos y de libre información en Venezuela) si tales recursos se encuentran en Estados Unidos, se transfieren a través de las vías de Estados Unidos o son posesión de estadounidenses”.