Cuando la Asamblea Nacional aprueba un informe de responsabilidad política contra algún funcionario o ex funcionario, en el mismo acto exhorta a la Fiscalía y a la Contraloría a iniciar investigaciones penales y administrativas. Pero no hay ninguna sanción inmediata más allá de la condena moral.
La Comisión de Contraloría acordó iniciar la elaboración de un proyecto de ley de control político que cambie esa situación e impida que personas responsables de delitos contra el patrimonio se mantengan o aspiren a cargos, al menos hasta que se determine su inocencia o culpa.
El instrumento podría tener un doble filo si se aplica con criterios partidistas, ideológicos o revanchistas, porque serviría para perseguir o neutralizar políticamente a dirigentes incómodos a los intereses coyunturales de quien tenga la mayoría en el Poder Legislativo. Sin embargo, en primera instancia cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores.
Más inmediatez. El presidente la instancia parlamentaria, Pedro Carreño (PSUV), designó al equipo parlamentario que se encargará de diseñar y presentar la propuesta, sustentada en el artículo 187 numeral 3 de la Constitución. El mismo señala como atribución de la AN “ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y la ley”.
“Esta ley tendría que desarrollar cómo opera el control político en el ámbito municipal, estatal y nacional. Es importante que contenga un ámbito punitivo, que establezca multas o algún mecanismo efectivo e inmediato de sanciones. Cuando se aprueba la censura parlamentaria a un ministro, la Constitución ordena su destitución automática, pero cuando se aprueba el informe de responsabilidad política, no tiene impacto inmediato. Pensaríamos entonces en ¿separación temporal del cargo?, ¿inhabilitación política? Eso hay que definirlo”, dijo Carreño.
Ley necesaria. El coordinador del equipo será Jesús Montilla (PSUV), y estará integrado por Rosa León (PSUV) y Carlos Ramos (UNT). León consideró necesario el instrumento para que no se repitan casos como el del actual alcalde de San Sebastián de los Reyes (Aragua), Carlos Miranda, que fue sancionado por la AN, un año más tarde se postuló al cargo y está en ejercicio.
La ley podría resolver también las dificultades que han enfrentado los diputados de la comisión, para obtener información de algunos organismos públicos o la lentitud de la respuesta. La meta es presentarla en para 2015.
Fuente: El Nacional
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