POR ORDEN DEL RÉGIMEN CORRUPTO Y ASESINO
El segundo proceso penal contra el alcalde destituido de San Diego, Enzo Scarano, comenzó como un caso de violencia de género que se desempolvó para mantenerlo preso el mayor tiempo posible. Ahora la Fiscalía pretende imputarle el delito de ataque al centinela, sancionado en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar con presidió de entre 14 y 20 años.
La persecución contra Scarano marcó un hito en la historia judicial del país. Nunca antes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se había erigido en tribunal penal para condenar a una persona, como en el caso del ex alcalde por el delito de desacato a la orden de impedir las protestas que ocurrieron en San Diego a partir de febrero de 2014. Fue un juicio sumarísimo (apenas demoró una semana) que dejó en entredicho el derecho al debido proceso y, para mayor gravedad, acarreó la destitución de un funcionario elegido por votación popular. Así ocurrió el 19 de marzo, cuando Scarano fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión. Desde entonces está preso en Ramo Verde. Un procedimiento similar aplicó el TSJ al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos.
La Fiscalía no cesó en su empeño de someter a Scarano y desempolvó un caso ocurrido el 14 de abril de 2013, en el contexto de las elecciones presidenciales. El Ministerio Público acusó al ex alcalde por violencia física en contra de tres mujeres que el 16 de abril de 2013 denunciaron que irrumpió en el centro de votación Lisandro Alvarado, violentó una puerta y causó lesiones a las tres mujeres. Una de las presuntas víctimas es Raymar Cusatti, que integraba el contingente militar del Plan República destacado en el referido centro de votación. Ella habría sido la centinela atacada por Sacarano. Además, Cusatti aseguró que por la actuación violenta de Scarano el proceso electoral se interrumpió durante 25 minutos, por lo cual la Fiscalía también pretende imputarle delitos electorales.
El debate oral y público comenzó el 3 de noviembre ante la jueza Primera de Juicio de Violencia contra la Mujer de Caracas, María Elizabeth Bencomo. En esa oportunidad declararon las tres presuntas víctimas y un testigo promovido por la Fiscalía.
“Sorpresivamente el abogado de las mujeres, Gilberto Landaeta (ex fiscal recordado por su controversial actuación en el caso Danilo Anderson) planteó la posibilidad de ampliar la acusación. La Fiscalía no estuvo de acuerdo y la jueza lo declaró sin lugar”, informó el apoderado de Scarano, Joel García.
Aunque la jueza no podría revocar su decisión, el 5 de noviembre, cuando se celebraría la segunda sesión del debate oral y público, informó que la Fiscalía había solicitado la anulación de todo el proceso y su reinicio a la etapa de imputación para formularle nuevos cargos a Scarano, precisamente ataque al centinela y delitos electorales.
García indicó que el lunes 10 de noviembre la jueza Bencomo debe dar una respuesta. Si acoge la solicitud fiscal el caso de Scarano sería juzgado por un tribunal militar y sus defensores tratarían de oponerse a través del planteamiento de un conflicto de competencia.
El abogado defensor considera que ha hecho todo lo que la ley permite para demostrar la inocencia de Scarano, pero dice ser consciente del carácter político de la persecución contra el dirigente opositor que figura como enemigo personal del vicepresidente del PSUV y gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach.
Fuente: El Nacional
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