El diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala, miembro de la Comisión de Política Interior, denunció que el Gobierno propuso la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de amedrentar e impedir que los ciudadanos se expresen a través de las redes sociales, creando el delito de “ciberterrorismo”. “El texto de la reforma a esta ley fue distribuido con premura por la comisión con la intención de discutirlo este miércoles, pero luego de convocada la reunión se suspendió”, informó el diputado.
Gómez Sigala alertó que la nueva redacción de la ley, en los artículos 72 y 73 se establecen penas de entre 1 a 5 años de prisión para quienes utilicen redes sociales y otros medios electrónicos, para promover o atentar contra el orden constitucional o alterar la paz pública.
“Esto explica que todo el paquete de medidas vendrá acompañado de mecanismos de represión cuyo instrumento será la modificación de esta ley”, puntualizó.
Gómez Sigala recordó que esta ley ya fue reformada en 2012 y que los cambios ahora propuestos violan expresamente la Constitución “porque en la práctica da calificación de delincuentes a todos los actores políticos de oposición al tratarlos como enemigos (legislar para el enemigo), algo que en Derecho Penal se considera una aberración pues otorga al Estado la discrecionalidad de criminalizar opiniones, críticas y protestas”.
“Vivimos una dura crisis económica y social, hay desabastecimiento, los servicios básicos están colapsados, la inflación nos ha desbordado y la inseguridad mata a más personas que las guerras de otros países y frente a ello el Gobierno nacional pretende aprobar una ley para impedir entre otras cosas, mediante el terrorismo de Estado, que el pueblo salga a la calle a ejercer su legítimo derecho a la protesta”.
El parlamentario señaló que “el texto propuesto en esta nueva reforma continúa siendo impreciso y da una excesiva apertura a la definición de `acto terrorista´ para que cualquier cosa pueda ser considerada como tal. Además deja al descubierto el verdadero objetivo del gobierno al especificar la inaplicabilidad de la excepción por delito político y establecer que ninguno de los delitos tipificados en ella podrán considerarse como delito político”.
“Los cambios previstos por el gobierno en esta ley están en concordancia con el alarmante aumento de nuevos privados de libertad que establece la Ley de Presupuesto para el año 2015. No son premisas aisladas, se trata de el recrudecimiento de la política de intimidación y persecución o cómo se explica que se estime que la población penal pase de 53 mil 999 en 2014 a 98 mil 685 en 2015”, dijo el diputado, reseñó el portal de La Patilla.
Fuente: Maduradas
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