¿El Gobierno venezolano regulará también la migración?

De acuerdo con el vicepresidente Jorge Arreaza los profesionales deben estar donde se les necesite, no donde ellos quieran.

Para el chavismo los profesionales entrenados por la educación pública o subsidiada que emigran “roban” al Estado.

¿Es la gratuidad o el subsidio a la educación una herramienta para el progreso o un yugo para la juventud? En Venezuela, el Gobierno comienza a formalizar un esquema de persecución burocrática contra los que usan los servicios públicos de acceso a la educación, y parece que pronto dirán dónde y cómo nos debemos desempeñar los profesionales venezolanos.

Según las recientes declaraciones del vicepresidente Jorge Arreaza en la 24.° Cumbre Iberoamericana, la educación es una especie de favor que el ciudadano está obligado a devolver. “Queremos poner una alerta sobre la movilidad, porque la hemos sufrido. En Venezuela no solo sufrimos la fuga de cerebros […] también sufrimos el robo de cerebros”, dijo Arreaza para referirse a la migración masiva de venezolanos.

El vicepresidente reclamó también que el talento que se formó con “recursos públicos” y que se preparó en el extranjero “con divisas del pueblo venezolano”, se queda luego a vivir en el exterior.

Podría rebatirle al vicepresidente que el talento también es parte del pueblo y que los recursos públicos s0n de todos los venezolanos. Pero me enfoco en lo siguiente: ¿cuál es la función de la inversión pública a la educación? ¿generar lacayos que trabajen para los propósitos del Estado, o por lo contrario servir de herramienta para que cada persona se desarrolle de acuerdo a su proyecto de vida?

Al vicepresidente Jorge Arreaza le
molesta que, después de vivir en el exterior,
muchos venezolanos no quieran regresar
a su país. 

La crisis que atraviesa el país ha hecho que millones de personas emigren en busca de trabajo, seguridad, y posibilidades de crecimiento profesional y económico. Buena parte de esa generación migrante se benefició en algún momento de la gratuidad de la educación o del acceso al dólar preferencial para pagar estudios en el exterior. De hecho, para la mayoría de los venezolanos, la única forma de estudiar en el exterior sigue siendo esa: el acceso al dólar preferencial.

La brecha que el Gobierno ha causado entre el dólar oficial y el dólar libre hace imposible que un joven venezolano piense en pagarse una estadía en el exterior a punta de divisas del mercado paralelo. Esto no significa que el Gobierno le regale la plata a los estudiantes; estos deben pagar sus matrículas y manutenciones, solo que a una tasa controlada por el Estado.

Lo que pasa con Arreaza es que como buen socialista es incapaz de entender los movimientos de la gente libre. La migración se explica en gran medida a través del mercado laboral. La mano de obra, calificada o no, se moverá al lugar donde tenga mejores oportunidades, y las condiciones que ofrece Venezuela quedan hoy día muy por debajo de las expectativas de muchos profesionales.

Para no irnos lejos, en casi todos los países de la región el profesional venezolano conseguirá un sueldo mayor, una capacidad de compra y de ahorro, y seguridad personal que, lamentablemente, Venezuela no puede ofrecer.

¿Un cierre de fronteras?

Pero Arreaza va más allá de la crítica. En el marco de la cumbre, pidió que la estrategia regional de movilidad de estudiantes, investigadores o profesores esté “muy bien regulada” para que los profesionales ejerzan donde “de verdad haya la necesidad”; no donde ellos quieran.

Ya en 2012 el ente administrador de las divisas, Centro de Comercio Exterior (Cencoex), había dado las primeras muestras de represión cuando limitó las áreas de estudio para las cuales los venezolanos podían solicitar el uso de sus divisas en el exterior (página 29 de la Gaceta Oficial 39.904). Áreas incómodas como periodismo y derechos humanos quedaron negadas, así como otras de importancia cultural (gastronomía, por ejemplo).

Después de un año difícil para quienes solicitaron las divisas, a principios de este mes la cacería se agudizó. A través de una lista, el Cencoex convocó a 11.400 personas que cursaron estudios en el exterior entre enero de 2012 y marzo de 2014, para comprobar a través de los títulos obtenidos que dieron un uso correcto a las divisas solicitadas; y en caso de no haber finalizado sus programas, demostrar el reintegro del dinero y explicar por qué no se culminó.