La pertinaz negativa de Maduro a liberar a Leopoldo López, un preso político que no ha cometido delito alguno y cuya libertad ha sido solicitada reiteradamente por la ONU, la OEA, ONG, numerosos expresidentes, políticos y juristas del mundo, unida a otras muchas violaciones de los derechos humanos, han acrecentado la convicción, dentro y fuera del país, de que en Venezuela hay una dictadura.
Alberto Barrera Tyszka en El Nacional (“Los infiltrados”) señala que nuestras instituciones “han sido desmanteladas” y la sociedad “se encuentra cada vez más sometida por la lógica de la fuerza”. En ese contexto los “patriotas cooperantes” son una perversión muy peligrosa. Tanto como la pugna entre los grupos armados del país. Tanto como la presencia militar, cada vez mayor en todos los ámbitos de decisión. Estamos ante un gobierno –concluye ABT– que “solo es capaz de pensarse desde la guerra”. Así, Maduro despoja a la disidencia de sus cargos obtenidos a través del voto, y lo hace con violencia carcelaria y argucias inconstitucionales avaladas por los poderes públicos que controla, como ocurrió con María Corina Machado y los alcaldes Scarano y Ceballos, entre otros muchos.
En los inicios de la Revolución rusa –recordaba un reciente editorial de El Nacional– “por las calles de Moscú reinaba el caos y la ley recaía en las manos de la fanatizada policía bolchevique o de sus obedientes jueces, que, a la vez, confraternizaban con las bandas del crimen organizado. Los comunistas detenían a los sospechosos y allanaban los hogares arrasando con todo lo que ayudara a acusar falsamente al detenido como “contrarrevolucionario y espía de alguna potencia”.
Así encarcelaban y torturaban a gente inocente a la cual despojaban de sus propiedades, los llevaban a la miseria y a la muerte. Narra El Nacional que una jueza y una fiscal están aplicando esta misma “justicia” en Venezuela: mandan a la GNB a tomar posesión del Hotel Perla Mar en Margarita por “presuntas irregularidades con el uso de divisas”, acusación falsa porque el hotel ha sido financiado por bancos nacionales de reconocida solvencia. El verdadero “delito” es que el dueño de Perla Mar es adversario del gobierno.
El diputado Walter Marquez denunció que el régimen de Maduro utiliza a fiscales para criminalizar a sus adversarios políticos y citó a la fiscal Katherine Harrington, quien ordenó la ocupación del Hotel Perla Mar; imputó a Tamara Sujú, del Foro Penal; acusó al presidente de Un Mundo sin Mordaza, Juan Rodrigo Diamante, y envió el Sebin a la residencia de María Corina Machado con boleta de “imputación” por el presunto intento de “magnicidio” contra Maduro, “olla” basada en correos electrónicos falsificados burdamente, como demostrase Google hace meses.
La represión del régimen alcanza hasta a los tuiteros. Varios sufren en los calabozos del Sebin y han perdido el empleo por expresar sus opiniones críticas a través de las redes. Hasta los que en el chavismo objetan las políticas de Maduro han sido sometidos a una purga a lo “ruso”: Marea Socialista denunció que hasta ahora han excluido del registro de militantes a más de 300 dirigentes.
La abstención de 96% en las elecciones internas del PSUV prueba el gigantesco desencanto de su militancia ante el peor gobierno que ha tenido el país. Maduro ha dejado sin efecto las libertades políticas y económicas y ha eliminado, en la práctica, el derecho constitucional a la salud, la alimentación y la vida. El coordinador de la MUD, Chúo Torrealba, declaraba esta semana que el oficialismo “es un edificio que se está cayendo con el país adentro”, y eso ocurre en medio de una lamentable dispersión y visibles disputas entre líderes opositores que los debilita como opción de poder.
El diputado Andrés Velázquez reconoce que “aunque el gobierno está ‘muy débil’, tiene una fortaleza que proviene de la incoherencia, la división y las diferentes estrategias que ofrece el sector opositor”. Tiene razón. No hay respuesta enérgica ante las obscenas irregularidades del Comité de Postulaciones Electorales que fue aprobado por mayoría simple y no calificada (que requería del voto opositor en la AN); extendieron el plazo de postulación para que pudieran inscribirse las descalificadas fichas del régimen Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, cuya presencia estimula la abstención deseada por el gobierno (40% de los aspirantes son del PSUV y 42% trabaja o trabajó en el gobierno).
La lista de irregularidades es enorme. Ante ese panorama aún no hemos escuchado a la MUD que irán unidos; tampoco que habrá primarias para elegir a los aspirantes a la AN. Por el contrario, ya algunos hablan de “consenso”, es decir, de autoelegirse a dedo los “jefes” de los partidos integrantes. De optar por esto último irán contra las bases que “piden calle y luchar por el CNE” (El Nacional 23/11/2014) y serán los responsables de una abstención que permitirá a Maduro eternizarse en una Venezuela tan empobrecida y dictatorial como Cuba.
Por: Marta Colomina
Fuente: El Nacional
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