Camero se niega a calificar a Venezuela de narcoestado. Asegura que en el país “hay funcionarios públicos que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas” y denuncia que el desplazamiento de los traficantes por el plan Colombia, la incorporación de la FANB a las investigaciones de narcotráfico y la indiferencia en el abordaje del problema han convertido al gobierno en un narcorégimen. En el libro Chavismo, Narcotráfico y Militares revela su propia lista de “capos” criollos.
Si alguien sabe cómo se mueve el negocio de la droga en Venezuela es Mildred Camero. La ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid, ahora ONA) ha transitado durante toda su carrera por el camino de la justicia y el combate al narcotráfico.
Dirigió allanamientos y lideró operaciones encubiertas que terminaron con la detención de importantes traficantes.Trabajó en programas de cooperación con la DEA y otras agencias internacionales que luchan contra este delito. Y conoce con detalles las andanzas y los presuntos nexos de importantes personeros de la revolución bolivariana con esta rama del crimen organizado.
Coincidencia o no, apenas una semana antes del escándalo por la captura del mayor general (EJ) y ex director de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios en Aruba, fue publicado el libro Chavismo, Narcotráfico y Militares en el que Camero revela al periodista Héctor Landaeta una serie de infidencias que radiografían la participación de funcionarios del gobierno venezolano en el negocio del tráfico de drogas, venta de armas a las FARC, sicariato y protección a irregulares.
La ex juez elaboró su propia lista de “capos” criollos, integrada en su mayoría por militares, que incursionaron en el lucrativo e ilícito negocio aprovechando sus cargos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El grupo, de 13 nombres, lo encabezan los tres oficiales incluidos en la lista Clinton desde 2008: El capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico; el mayor general (EJ), Hugo Carvajal; y el general (EJ) Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo. “A diferencia de México, Colombia, Bolivia y Brasil, en Venezuela el negocio de la droga lo manejan miembros del estamento militar, funcionarios del alto gobierno y los cuerpos policiales”, afirma Camero.
Por su experiencia prefirió guardar silencio durante los días que siguieron a la detención de Hugo Carvajal. “Las personas que hemos trabajado en drogas sabemos la gravedad de estos casos. La detención del “Pollo” no es fácil porque deja al descubierto a funcionarios que están siendo investigados por tráfico de droga y terrorismo. Por eso preferí esperar unos días para analizar bien el caso. La prudencia es muy importante en los temas de drogas porque el dinero lo puede todo, y allí hay mucho dinero de por medio”, afirmó Mildred Camero.
En el libro Chavismo, Narcotráfico y Militares usted hace una lista con perfiles de los funcionarios del gobierno presuntamente vinculados con el narcotráfico y a las FARC, ¿en qué se basa para hacer estas afirmaciones?
Primero como juez trabajé algunos casos de incautaciones y desaparición de droga, incluso en dependencias de la GNB, en los que estaban involucrados efectivos militares que llegaron a ostentar importantes cargos dentro del Gobierno y la FANB. Luego como presidenta de Conacuid (ahora ONA) tuve acceso a informes de inteligencia en los que se hacía seguimiento a las actividades de estos oficiales y había elementos contundentes que los vinculaban al tráfico de drogas.
¿Además de los que usted menciona, hay más funcionarios del gobierno investigados por otros delitos transnacionales?
En Estados Unidos hay expedientes sellados, así que además de los que están en la lista Clinton hay otros funcionarios investigados que podrían tener orden de captura internacional por lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Está el caso por las armas halladas en el campamento de Raúl Reyes, que habían sido compradas por Venezuela a Suecia y fueron vendidas por el Ejército a las FARC. Por ejemplo, el fiscal de Nueva York solicitó la presencia del Gran Jurado y esto también puede activar otras investigaciones y órdenes de captura contra funcionarios públicos y jueces. Lo peligroso y grave es que en el país se está hablando de un narcoestado.
Con lo que usted ha relatado ¿ahora sí podríamos afirmar que Venezuela es un narcoestado?
Me niego a decir que Venezuela es un narcoestado. Estoy convencida de que son grupos que han utilizado su poder para involucrarse en el tema de las droga. Yo diría que en Venezuela lo que hay es un narcorégimen.
¿Cuál es la diferencia entre narcoestado y narcorégimen?
Que no es el Estado sino los funcionarios públicos los que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas. Además sería muy grave en el ámbito internacional asumir que Venezuela es un narcoestado. Eso significaría el aislamiento jurídico y diplomático. Sería una cruz que no nos quitaríamos de encima jamás.
¿Qué es un narcoestado?
Es un Estado que vive para la droga y su vida política y social depende del tráfico de drogas. Si se llega a determinar que el gobierno venezolano ha pactado con las FARC para obtener ganancias del negocio de la droga sería lo más grave y bajo qué ha pasado en el país. Habremos tocado fondo y ahí tenemos a Colombia, que no es un narcoestado, pero tiene más de 50 años en la lucha contra las drogas y la semana pasada el mismo presidente Santos reconoció que había fracasado.
¿Cómo llega Venezuela a esta situación?
Hemos sido indiferentes. Creímos que el problema no nos iba a tocar. Que era un problema de Colombia, Perú, Bolivia… Creímos que no nos competía a nosotros porque solo permitíamos que pasara la droga. Solo éramos un territorio de tránsito. No nos dimos cuenta de que el plan Colombia iba a producir un desplazamiento hacia Venezuela de los traficantes, y como aquí teníamos tantos problemas de corrupción en la Diex (hoy Saime) esto generó una situación gravísima con la “legalización” de la presencia de esos traficantes en territorio venezolano. Ahora nos hemos convertido en un país productor, con sofisticados laboratorios donde se procesa y refina la droga.
Ronna Rísquez / Runrunes