De todos los países en los que los etarras se han refugiado a lo largo de los años, Venezuela es en estos momentos el país en el que más cómodos se sienten. En la República Bolivariana, las Fuerzas de Seguridad calculan que hay unos 40 miembros de la banda terrorista ETA, de los cuales 21 tienen causas pendientes y otros 11 han pasado por el consulado español en los dos últimos años para regularizar su situación.
Entre los 21 que tienen causas pendientes u órdenes de busca, además de Iñaki de Juana, se encuentra Arturo Cubillas, el mayor referente allí, tan bien relacionado con el Gobierno de Chávez que tenía un cargo institucional como jefe de seguridad del INTI, y cuya esposa fue jefa de comunicación del entonces vicepresidente. Cubillas empezó haciendo sus pinitos con un restaurante al que, como De Juana, también puso el nombre de un comando, en esta ocasión el de Oker, el suyo.
También residen allí, en esa situación, entre otros, Eugenio Barrutiabengoa, Martín San Sebastián Aguirre, José Ángel Uriz, Odón Ulibarrena, Miguel Ángel Aldana Barrena Askatu o Luis Elisardo Roncero.
Algunos pertenecen a la época en la que Felipe González solicitó ayuda a Venezuela y a otros países para que mantuvieran en su territorio a los etarras que Francia no quería entregar a España porque dudaba del carácter democrático del recién estrenado sistema. Pero no todos. La requisitoria de Luis Elisardo Roncero, por ejemplo, estaría fechada en 2011.
En diversas épocas, los nombres de estos terroristas, o de otros relacionados con ellos, han sido el centro de la polémica entre los gobiernos de España y Venezuela, sin que los etarras hayan tenido motivos reales de preocupación. En 2002, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la localización de seis etarras, entre los que estaban Barrutiabengoa Zabarte o Aldana Barrena, cuya extradición había sido solicitada por España. El entonces presidente Aznar había conminado a Venezuela a dejar de ser “refugio de etarras” y el entonces presidente Chávez declaró: “Si España tiene pruebas, que las envíe al Supremo de Venezuela, y si los jueces fallan a favor de la extradición, yo meto a los etarras en un avión al minuto siguiente”. Nadie subió al avión, ni en ese momento ni en otros.
El caso de Cubillas tiene una derivada reciente y puede resultar indicativo. Su nombre apareció en los ordenadores de Raúl Reyes como vinculado a la guerrilla colombiana de las FARC y dos terroristas lo identificaron como uno de sus entrenadores. El chavista vasco, conocedor del terreno, pidió personalmente que se le investigase y compareció ante un fiscal, si bien nadie le vio entrar y salir de la declaración. Tampoco ocurrió nada entonces, salvo que el presidente Chávez, ante la petición de extradición fechada en 2010, acusó al Gobierno español de realizar acusaciones “tendenciosas” en las que se “asociaba al pueblo de Venezuela con ETA” como consecuencia del “fracaso cosechado contra la banda”.
El diagnóstico de fracaso realizado por Chávez resultó erróneo. De modo que, dos años después, ETA, tras verse obligada a anunciar el “cese definitivo”, tuvo que dar permiso a sus huidos para regresar al sur de Francia. Renunciaba así a uno de sus principios, el de evitar soluciones individuales, y pedía a sus militantes que pasasen por los consulados para asegurarse de que no había causas pendientes contra ellos y para que recogiesen sus documentos de identidad españoles (unos 70 se han sometido a este procedimiento).
De los etarras venezolanos, 11 comprobaron que no se les perseguía y regresaron al País Vasco. Algunos se quedaron y otros van y vuelven como si no estuviesen realmente adaptados en ninguna parte.
Curiosamente, ninguno de ellos se animó a formar parte del grupo de los 14 interlocutores que pretendían que se les “tuviese en cuenta en la resolución del conflicto político”. Un grupo cuyo único acto de relevancia ha sido el celebrado en Biarritz en junio de 2013, en el que unos 70 huidos -salvo excepción, sus causas habían prescrito- se pasaron horas exaltando a ETA.
Sin embargo, la disciplina a las órdenes de ETA, en general, fue tan escasa que hasta los organizadores del llamado colectivo de refugiados se saltaron la prohibición de cruzar la frontera española, y lo han venido haciendo furtivamente. Y la organización que montaron para tratar de ayudar a los regresados que estuvieran en peor situación económica, intentando facilitarles dinero de bolsillo, trabajo y algún lugar donde quedarse, fue inoperativa y sigue siéndolo por falta de fondos.
En estos momentos, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, hay unos 200 miembros de ETA fuera de Francia, de los cuales el 20%, unos 40, tienen causas pendientes. (En Francia habría unos 100, de los cuales 50 tienen causas pendientes). La mayor parte de ese número global está en Venezuela y en México, y también quedan algunos en otros lugares en los que hubo acuerdo previo entre los dos gobiernos, como Cuba, Cabo Verde, Santo Tomé o Uruguay. Como lo fue República Dominicana, donde no queda ya ningún miembro de ETA. La mayor parte de esos países, incluida Cuba, ha ido modificando con mayor o menor decisión su postura, excepto Venezuela.
Según las fuentes consultadas, en México queda una comunidad con unos 45 ó 50 etarras. Sólo uno tiene causas pendientes aunque, según las citadas fuentes, es difícil comprobar esas cifras con precisión. En cualquier caso, hace mucho tiempo que, primero de un modo menos explícito y a partir de 1996 de un modo absolutamente definido, las autoridades mexicanas decidieron ayudar a las Fuerzas de Seguridad españolas sin reservas y se dedicaron a hostigar a los terroristas con causas pendientes que permanecían en su territorio. Los mexicanos llevan décadas concediendo extradiciones o realizando expulsiones.
El caso más llamativo en los últimos meses fue el de Itziar Alberdi y Jesús Narváez Goñi, dos de los terroristas más buscados de los últimos 20 años, autores de una campaña de 34 atentados con 22 asesinatos en sólo dos años, y que se hacían pasar por una artista y un fumigador. Ni su hijo Anouk, de 12 años, sabía en el momento en el que fueron arrestados, hace ahora un año, que sus padres no se llamaban Eva y Pepe y que, en realidad, eran asesinos múltiples.
De la hornada de los acuerdos trilaterales (España- Francia-terceros países) quedarían cuatro terroristas en Cabo Verde, encabezados por Tomás Linaza, según fuentes policiales. En realidad, el grupo de deportados a aquel país no tuvo mucha suerte. Desde Patxi Rementería (al menos 19 atentados con cuatro muertos), que regresó al País Vasco después de una década en el archipiélago para apuntalar los comandos de ETA que empezaban a flaquear, y saltó por los aires cuando iba a colocar una bomba, hasta Ángel María Lete Patas (seis guardias civiles muertos), cuyo cuerpo apareció en descomposición, pasando por Endika Iztueta Barandika (siete asesinados, según fuentes abiertas), que falleció después de que unos atracadores le agrediesen y le rompiesen una costilla.
En Santo Tomé queda uno de aquellos terroristas, en Uruguay otro y en Cuba hay, en estos momentos, ocho etarras.
Excepto los terroristas residentes en Venezuela, curiosamente, los etarras del resto de los países, tradicionalmente relacionados por uno y otro motivo con su estancia, sí han querido participar en el “grupo de los 14″ con aspiraciones para “negociar el fin del conflicto”. Josu Lariz desde Uruguay, Tomás Linaza desde Cabo Verde, Alfonso Etxegaray desde Santo Tomé, Eloy Uriarte, Lourdes Mendinueta, Jokin Arnalde, Oxel Azkarate, Jon Garmendia, Xabier Mikel Ezkerra, Xabier Arin e Idoia Espias desde Francia y Josu Abrisketa Korta -que desde hace muchos años está considerado como un próspero empresario- desde Cuba.
El caso cubano encierra alguna peculiaridad. En Cuba llegó a haber 16 etarras que podían vivir a su aire y entrar y salir de la isla sin demasiada dificultad. Sin embargo, a medida que el regimen castrista evolucionaba, fue reduciéndose su libertad de movimientos hasta el punto de crearse un cisma. En 2011, Elena Bárcena, la Tigresa y Javier Pérez Lekue llegaron a llamar “carceleros” a sus antiguos benefactores en una carta pública. Se dijo entonces que La Habana no quería comprometer su relación con España por una organización terrorista que ya se daba por desahuciada.
En estos momentos, en la isla hay ocho miembros de la banda terrorista. La presencia de dos de ellos no es reconocida por las autoridades cubanas. Se trata de los veteranos Miguel Angel Apalategi Ayerbe Apala y de Joseba Sarrionandía. Fueron etarras muy sonados, pero no tienen ahora mismo causas pendientes. De hecho, Sarrionandía, filólogo y escritor premiado, que escapó de la prisión de Martutene en los bafles del cantante Imanol, ha pasado por el consulado para regularizar su situación. No así Apala, que fuera uno de los sospechosos de la desaparición de Pertur.
Sí está reconocida en la isla la presencia de Txutxo Abrisqueta, José Luis Rodríguez Muñoa, Arrugaeta San Emeterio, Urteaga Martínez, Iñaki Etxarte Urbieta y Azkarate Intxaurrondo. Los cuatro últimos tienen todavía abiertos procedimientos.
ÁNGELES ESCRIVÁ
El Mundo