Min Defensa que, en la práctica,
legaliza la pena de muerte…
Las violaciones de los derechos humanos (sobre todo el derecho a la vida) van a empeorar con la resolución de Min Defensa.
El título es de la ONG Freedom House (FH) en su informe sobre las tendencias en materia de libertades en 95 países del hemisferio durante 2014.
En él FH señala a Venezuela de “aumentar de manera sustancial los prisioneros políticos, mientras sus dirigentes denunciaban conspiraciones foráneas”, y subraya el grave deterioro de las libertades civiles y políticas en nuestro país: “La democracia languidece cuando los regímenes despóticos intimidan, encarcelan y matan a sus ciudadanos (…). En dos décadas Venezuela pasó de estar entre los mejores evaluados a ser uno de los últimos del continente. Hoy es una mezcla tóxica de corrupción y desgobierno (…) con escasez, inflación rampante, aumento de la represión, con prensa no libre e Internet parcialmente libre”.
Maduro “sigue el patrón de degradar a la oposición política y las voces críticas (…) responde a las manifestaciones con medidas represivas, arrestos masivos, excesos en el uso de la fuerza y abusos físicos y psicológicos a los detenidos”, y cuestiona que “Brasil y otras democracias de la región respondieron al deterioro venezolano con silencio”.
Human Rights Watch (HRW) acaba de presentar también su evaluación sobre el respeto a los humanos en 90 países, en el que muestra el “gravísimo deterioro” de los derechos humanos en Venezuela: “La acumulación de poder y la erosión de las garantías de derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos”. Cuestiona la fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, falta de independencia del Poder Judicial, atentados contra la libertad de expresión, acoso a defensores de derechos humanos, pésima condición de las cárceles, erosión de los derechos laborales; reseña las denuncias internacionales sobre cómo el gobierno de Maduro intenta acallar a los disidentes y critica que no exista separación de poderes en Venezuela (“las sentencias que esos poderes emiten a favor del gobierno son constantes”).
Las violaciones de los derechos humanos (sobre todo el derecho a la vida) van a empeorar con la resolución de Min Defensa que, en la práctica, legaliza la pena de muerte y que, a todas luces, se emite ante el posible estallido del gran descontento popular por la escasez, infl ación e inseguridad. Tal resolución establece el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad”, y viola así el artículo 68 de la Constitución que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacífi cas” (El Nacional 29-012015). Siguen las detenciones y agresiones contra manifestaciones pacífi cas en Mérida (18 detenidos); Táchira (la GNB agredió a diputados y concejales opositores), y se extienden hasta las protestas en las colas de los mercados, epicentro del enorme descontento popular. Siguen violándose los derechos humanos de los presos políticos. La censura aumentó 88% en 2014 (Espacio Público) y eso incluye las verdades de la Conferencia Episcopal; que no sepamos de los 248 enfermos de malaria diarios; de la muerte de recién nacidos y enfermos en todo el país por falta de insumos; del asesinato de 268 de policías en 2014 para robarles el arma, y las 25.000 muertes violentas de ese mismo año. Por eso la obscena y desmedida agresión de Maduro contra los expresidentes Pastrana, Piñera y Calderón, porque se convirtieron en califi cados testimonios internacionales del horror que se vive en Venezuela y de su crisis humanitaria.
La lengua es el castigo del cuerpo: después de la monstruosa acusación de Maduro contra los tres expresidentes de estar financiados por el narcotráfi co, revienta el escándalo aireado por el ABC de Madrid y originado en las presuntas acusaciones de narcotráfi co contra Diosdado Cabello de su ex jefe de seguridad (y de Chávez hasta su muerte) hoy huésped de la DEA y testigo protegido en Estados Unidos. Las “alegaciones” del teniente de la Armada, Leasmy Salazar, fueron califi cadas de “consistentes” por Washington, al relacionarlas con las “acciones contra el cartel de los soles que en 2014 sirvieron para suspender la visa a 24 militares venezolanos”, según dijera el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, John Feeley. A pesar de la censura, el gravísimo af aire no ha hecho más que empezar. La prensa informa que desertaron hacia Estados Unidos 8 militares del anillo de seguridad de Maduro. Pero en vez de abrir una investigación que determine la fundamentación de las denuncias, Nicolás aplica la “solidaridad automática” y la extiende hasta delitos de lesa humanidad. El Leasmy alabado por Chávez ondeando la bandera en el techo de Mirafl ores en abril de 2002, es ahora un “vendido”, y hasta “pudo haber matado a Chávez en su lecho de muerte en La Habana”. Ante sordidez tal, Maduro no abre investigación alguna: insulta, miente y culpa a la oposición y al imperio de la ruina económica y moral del país (causada por la corrupción y los exprópiese rojos).
Así las cosas, podría ser que el vituperado imperio, con la ayuda de testigos protegidos, demuestre fehacientemente que Venezuela es un narcoestado y que, más temprano que tarde, los crímenes de lesa humanidad se pagan. Remember al general Noriega.
Marta Colomina