Abogados y dirigentes consideran que la resolución 008610 y las recientes detenciones buscan enviar un mensaje: habrá represión contra quien se oponga al gobierno. No son hechos aislados. La resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que permite a las Fuerzas Armadas usar armas de fuego para controlar el orden público en manifestaciones.
La imputación y privación de libertad a dos directivos de Farmatodo y la detención de quienes llevan agua o fotografían a los que padecen las colas para comprar comida responden a una escalada represiva del gobierno, única herramienta que le queda para evitar que el malestar desemboque en protestas, publicó El Nacional.
Esa es la opinión de defensores de derechos humanos, dirigentes y abogados, como el constitucionalista Pedro Afonso Del Pino, quien considera que el gobierno teme a una protesta que no sería política sino social, debido al descontento porque no se consigue comida y no alcanza el dinero.
“El país se va desbordando gradualmente. Por eso el gobierno aplica mecanismos de temor como permitir el uso de armas de fuego por parte de la FANB en el control de protestas, lo que es un violación de la Constitución, que es taxativa: no se pueden usar armas de fuego y solo la Guardia Nacional puede intervenir en el control del orden público”.
Opinó que lo que quiere el gobierno es enviar un mensaje: “Más allá de permitir el uso de armas de fuego, que las han utilizado, buscan infundir temor. Quieren colocar temas en la agenda pública distintos a la escasez y la inflación, para provocar la confrontación y la polarización, que les funcionan electoralmente”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Nizar el Fakir, advirtió sobre lo delicado de que el gobierno responda a los problemas del país con mayor represión.
“Hay una decisión del Estado de arremeter contra todo el que se exprese contra lo que ocurre en el país. Con las detenciones en las colas y la resolución del Ministerio de la Defensa se abre el paso a la posibilidad de violaciones masivas de los derechos humanos. Es preocupante ya que 2014 fue el año de mayor represión en décadas, a pesar de la presión internacional de organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional para evitarlo”, señaló.
¿Boicot?
Utilizar la justicia penal para resolver asuntos que le son completamente ajenos es una práctica de vieja data para el oficialismo, asevera el abogado penalista Alberto Arteaga.
“Se usa la justicia penal como instrumento para contrarrestar cualquier actuación que pueda presentarse como adversa al lineamiento del gobierno para combatir cualquier cosa que se considere ‘guerra económica’. Unas colas no pueden ser interpretadas como boicot o desestabilización de la economía”, señaló.
Advirtió sobre la gravedad de los delitos que se imputan a Pedro Luis Angarita y a Agustín Antonio Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de Farmatodo, porque contemplan penas mayores a 10 años.
“Las detenciones se producen con una orden del Ejecutivo, sin pasar por una orden judicial y sin que se produzca el supuesto de la flagrancia. Es absurdo acusar de boicot, que implica impedir la comercialización de bienes, a una cadena que abre 24 horas”, añadió.
Coincidió en que la resolución 008610 y las recientes detenciones evidencian que hay una línea represiva en marcha: “Se pretende enfrentar la crisis atemorizando”.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma considera que ante la ausencia de petrodólares, al gobierno solo le queda represión: “No hay dinero, se lo robaron, lo despilfarraron o lo regalaron. Lo único que queda es la represión, se configura un estado de excepción de hecho”.
Dijo que el Ejecutivo sabe que la protesta es inevitable, que ya empezó y en algunos casos es silenciosa, que se evidencia en el malestar que siente el que hace las colas y refunfuña. “El gobierno hace lo que puede, con amenazas y prisión, para evitarla. La resolución busca anticiparse a una protesta general que, aunque sea cívica, el gobierno no tolera”, añadió.
80% de la población culpa a Maduro por la crisis
El director de la encuestadora Delphos, Felix Seijas (h), afirmó que 60% de los venezolanos no avala el argumento según el cual el desabastecimiento, la escasez y la carestía de la vida son consecuencia de una guerra económica; en cambio, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro por la situación.
“60% no compra el discurso de la guerra económica. 40% sí, pero de ese grupo, la mitad dice que el problema de fondo no es la guerra económica, sino la mala gestión. Entonces tenemos 80% que cree que la principal causa de lo que vive el país es la mala administración de Maduro”, dijo Seijas.
Agregó que los venezolanos identifican la guerra económica, el bachaqueo, el acaparamiento como problemas agravantes de la crisis, pero señalan que la principal causa es la incapacidad del presidente y su equipo para resolverlo. “Incluso, los más radicales del chavismo señalan que es culpa de Maduro, porque Chávez lo habría resuelto”, apuntó.
El encuestador explicó que la percepción de incapacidad para afrontar el desabastecimiento va ligada a la popularidad del gobierno y la confianza que la ciudadanía tiene en él. “Nuestra más reciente medición, de comienzos de enero, reveló que la popularidad de Maduro ronda los 20 puntos. La percepción que tiene la gente es que Maduro es incapaz de manejar la crisis económica”, sentenció.
Algunos Datos
El delito de boicot existe en Venezuela desde 2007, cuando el presidente Hugo Chávez redactó, vía habilitante, la Ley contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos. Señala que quienes impidan la distribución y comercialización de alimentos serán sancionados con prisión 2 a 6 años.
El Nacional