La madre de la presa política, Ana Teresa de Salazar, señaló que la capitana tuvo que dormir en la misma cama con una reclusa. Denunció que no le permitieron mostrarle una foto de la primera comunión de su hijo
Dos meses pasaron para que la madre de la presa política Laided Salazar, Ana Teresa de Salazar, lograra visitarla junto con el esposo de la capitana en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en Barquisimeto. Antes de este encuentro, la última vez que la vio fue el pasado Día de las Madres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
La impresión de Ana Teresa fue que su hija se encontraba “extremadamente delgada”, no obstante, destacó que se mantiene animada. “Me dijo que estaba con mucha fuerza. Pero me pidió que la sacara de ahí, dijo que ella no está para una cárcel común, que está aislada por seguridad”, añadió.
Destacó que la capitana se encuentra en aislamiento de reflexión, lo que significa que se encuentra sola en una celda sin acceso a cartas ni fotos. “Solo le permiten tener un libro diario, tampoco le permiten tener cuadernos para escribir”, dijo la madre de Laided. Recordó que no permitieron el ingreso de una carta y una foto de la primera comunión del hijo de la presa política.
“Yo pido que se respeten, no solo los Derechos Humanos de mi hija, sino de todas esas mujeres que están ahí. Solo pueden ver a su hijo dos veces al año, el Día del Niño y el de la Madre”, apuntó Ana Teresa. Detalló que cuando la capitana llegó al centro penitenciario fue ubicada con otras detenidas. “Ella tuvo que dormir amorochada con otra reclusa en la misma cama porque no había colchonetas”, dijo. Sin embargo, la madre de Laided destacó que su hija no ha sufrido daños físicos.
Ana Teresa también exigió que la capitana sea trasladada a una instalación militar. “Para mí ella no ha perdido su condición de militar. La tienen como si fuera la peor delincuente o una asesina”, expresó.
Nueve militares condenados por “Operación Jericó”
El hermano y abogado de Laided Salazar, Carlos Javier Salazar, explicó que por el intento de derrocamiento, denominado por el gobierno “Golpe azul” u “Operación Jericó”, hay nueve militares condenados y procesados. Apuntó que las pruebas de la Fiscalía Militar fueron tres testigos de 66 que se presentaron: un capitán, un teniente y un coronel que aseguraron su presencia en reuniones con el general Oswaldo Hernández donde hubo conversaciones sobre la operación.
Señaló que durante el juicio se habló de bombardeos y empleo de aviones. “Todo eso es una falsedad, porque durante el juicio que se le hizo al general Oswaldo Hernández y otros capitanes nunca se demostró que se hicieran las reuniones”, manifestó. Argumentó que no se incautaron ningún tipo de armas y que no hubo testigos que dijeran que fueron instigados.
Recordó que también se utilizó el recurso de llamadas telefónicas para la condena, sin embargo, argumentó que no se conoce el contenido de estas. Señaló que los juicios estuvieron marcados por ser procesos irregulares porque hubo detenciones arbitrarias. “Hubo maltrato físico, tortura, como el caso del capitán Nieto Quintero, que fue torturado por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar; el caso de mi hermana, que estuvimos dos semanas sin saber de ella mientras estuvo en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte”, indicó. Detalló que cuando Laided fue detenida, primero le dijeron que se encontraba en una comisión y luego en calidad de testigo, posteriormente fue imputada. Fue condenada a ocho años y siete meses.
“A todos los condenaron a penas de entre ocho y cinco años. El general Hernández está en calidad de autor y los demás como partícipes directos”, explicó Carlos Javier. Denunció que tres personas no deben bastar para condenar a un ciudadano.
Recalcó que es imposible que su hermana tuviese armas porque es odontóloga asimilada y no tenía mando sobre alguna tropa. “Ella era jefa de un servicio de odontología”, agregó. Sostuvo que el general Hernández tampoco tenía acceso a armamento porque su último cargo fue como director de educación de la fuerza aérea.
“Los capitanes pilotos no podían tener acceso a los tucanos porque estos no podían aterrizar, y eso se demostró en el juicio”, argumentó Carlos Javier. El abogado dijo que de ser verdad que las reuniones hubieran sido ciertas, no sería un delito porque la única acción fue hablar. “Lo que se ve es que se tomó el Poder Judicial para destruir a este general y otros oficiales que a lo mejor manifestaron algún tipo de descontento”, puntualizó.
Traslado sin orden del tribunal
Carlos Javier reiteró que su hermana fue trasladada de Ramo Verde al INOF sin orden del tribunal y que el 26 de mayo fue trasladada nuevamente sin ninguna orden. “Le solicité a la Corte Marcial Accidental un pronunciamiento y que enviaran una comisión, lo cual hicieron. Manifestaron que trabajaban para su traslado a una instalación militar porque se dieron cuenta de sus condiciones”, dijo.
El abogado hizo un llamado al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que intervenga en el caso de la capitana y se logre su traslado. Apuntó que la defensa de Laided ya introdujo una apelación.
Isaac González Mendoza / El Nacional