El Frente 5 de Marzo y otras 260 organizaciones agrupadas en el Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya dieron un ultimátum al presidente Maduro. Piden justicia y esperan que el Gobierno responda a su propuesta de suscribir un acuerdo “de fiel cumplimiento” para dar inicio a una nueva fase “en la relación pueblo-gobierno”. Sin abandonar sus armas.
Ronna Risquez @ronnarisquez
Luego de superar una alcabala con dos agentes de la PNB y tres miembros de los colectivos se puede entrar a la comandancia de la extinta Policía Metropolitana, en Cotiza, donde funciona el Frente 5 de Marzo. Las cabras y las gallinas que están en lugar son parte de uno de los sueños de autogestión comunal de José Miguel Odreman, líder de este movimiento, quien fue asesinado el pasado 7 de octubre -junto a cuatro de sus compañeros- en un supuesto enfrentamiento con el Cicpc, en Quinta Crespo.
En el auditorio, la prioridad de los voceros del Frente 5 de Marzo y los familiares de las víctimas del Centro Manfredir es exigir justicia para lo que calificaron como “la primera masacre de la V República”. Pidieron que se detenga a los autores intelectuales del hecho y a los 7 funcionarios del Cicpc presuntamente responsables del ajusticiamiento, el miércoles 5 de noviembre de 2014.
Pero en medio de las consignas oficialistas de rigor (Viva Odreman, Viva Chávez, La Lucha sigue…) y la insistencia por dejar claro su apoyo al proceso rojo, algo se sale del libreto revolucionario: divulgaron un documento con graves señalamientos y críticas al Gobierno de Maduro.
El escrito preserva elementos básicos del discurso oficialista habitual como el rechazo al capitalismo, imperialismo, la derecha y la oligarquía, pero prevalecen las frases cargadas de cuestionamientos al modelo actual: “Tenemos una realidad interna de desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, recrudecimiento de la represión…”; “hablamos del poder judicial donde reina la impunidad (…) el acrecentamiento del uso irresponsable del poder, que en los últimos tiempos ha tomado la forma de un para-estado”; “se trata de superar las pretensiones de orden despótico y nepótico”; “los medios de comunicación y la libertad de expresión se tornaron en desesperanza y frustración”; y “…una realidad nacional que se ha caracterizado por convertir al Estado en una ‘caja negra’ absolutamente ajena al control social”, son algunas de las expresiones que arañan los ojos.
La contundencia de los cuestionamientos argumentados en el escrito del Frente 5 de Marzo, puede hacer que cualquier opositor (desde el más progresista hasta el más salidista) se sienta identificado y hasta representado en los reclamos de este grupo del chavismo radical. Algo que la MUD no logra por estos días.
El documento, que sería entregado al Jefe de Estado, tiene una primera página que lo identifica como: Respuesta inicial de una Mesa de Dialogo por la Paz, la Justicia y la Revolucion y Documento-Acuerdo entre los Colectivos de Trabajo Revolucionario-Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya y el Gobierno Nacional
Luego está desglosado -sin mayor estructura- en dos fracciones. La Primera Parte (llamada así en el escrito) muestra un diagnóstico de la “profunda crisis institucional que vivimos”. Por esa razón consideran que “se hace impostergable encontrar nuevas alternativas políticas que revivan por completo el proceso de transformación hacia una sociedad socialista. Se trata de promover mecanismos que renueven permanentemente la capacidad de gobernabilidad conjunta entre el gobierno y el pueblo; en el marco de un proceso que ha venido sufriendo enormes fracturas y desgastes morales e institucionales”.
Consideran que la masacre de Quinta Crespo pone un gran reto político al pueblo y al gobierno que en lugar de servir como excusa para la violencia, “que puede llegar a ser mutua”, sirva para dar un verdadero “salto del proceso revolucionario por vías de paz, hermandad, acuerdo…”. Para lograrlo echan mano del artículo 5 de la Constitución con su conocida frase: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y proponen “la creación de una mesa de diálogo de inmediato entre el poder constituyente y el Gobierno, cuya delegación en este caso estará a cargo de los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base que quieran sumarse”.
El objetivo, según dicen en el documento, es modificar las estructuras del poder constituido “deteniendo así la concepción burocrática que … nos ha desplazado como simples apéndices políticos, las migajas del mantel, donde solo valemos a la hora de hacer las operaciones policiales o comunitarias que les convenga a cualquiera en el aparato policial, o de siervos electorales a la hora de buscar votos, por candidatos que jamás hemos elegido”.
DETRAS DEL DOCUMENTO
Más de 20 personas, integrantes del Frente 5 de Marzo, participaron en la reunión. Algunos se incomodaron con la entrega del documento, e incluso llegaron a recogerlo. Luego de un debate entre el grupo -más concentrado en el aspecto político- se acordó repartir el escrito de 19 páginas y asumir las consecuencias de su contenido.
Paralelamente otros miembros del colectivo insistieron en destacar las arbitrariedades que cometieron los funcionarios policiales el 7 de octubre en el Centro Manfredir. “Además de limpiar el lugar de los hechos, cuando nosotros llegamos a la morgue del hospital Vargas y vimos el cadáver de Carmelo González, él tenía las manos arriba. Ya estaba rígido y esa era posición que tenía cuando lo mataron. Nunca se enfrentó, al contrario se había entregado”, apuntó uno de los jóvenes que comparte su militancia en el colectivo con su trabajo de escolta.
Una acotación similar fue hecha por otro de sus compañeros respecto a la muerte de su líder José Odreman. “Finalmente se demostró que mi sargento nunca disparó. Los del Cicpc fueron a la morgue del hospital Vargas para llevarse el cadáver y simular que había disparado para que saliera positiva la prueba de ATD y pólvora. Pero cuando llegaron allí el lugar había sido tomado por la Guardia Nacional, porque la esposa de mi sargento que es Teniente activa de la GNB pidió el apoyo de una comisión para que impidiera la entrada del Cicpc”, relató el hombre, que recordó que la pistola Prieto Beretta de Odreman, su celular y el equipo de radio que llevaba consigo, no han aparecido.
Este malestar fue el detonante del pronunciamiento que incluye otros descontentos.
PARTE I: DEL ABUSO DE PODER A LA CRIMINALIZACION DE LOS COLECTIVOS.
Denuncian la existencia de “agentes advenedizos” que han hecho de la revolución una carrera para repartirse poderes políticos y económicos, en especial dentro del Poder Judicial donde “reina la impunidad” y el uso descontrolado del poder toma la forma de “paraestado”. Estos mismos grupos estarían detrás de los casos de corrupción, nepotismo, abuso de poder, mafias, delincuencia organizada y criminalización de los colectivos.Aseguran que provocaron que el Gobierno cayera en una trampa que lo llevó a la “creación de una institucionalidad represora, queriendo justificar esta opresión con hipócritas discursos de paz y criminalización del pueblo en lucha y sus organizaciones”.Proponen romper con las prácticas de abuso de poder de cuatro sectores: los falsos jerarcas políticos; los cuerpos de seguridad; la institucionalidad y los medios de comunicación, que siguen privilegiando a los ricos y a “la pequeña burguesía ilustrada de izquierda y derecha, y no el derecho al protagonismo y la participación directa, donde todos pudiéramos expresar las verdades necesarias”.Se manifiestan “cansados de protesta que no se escuchan, cansados de la criminalización, cansados de la impunidad, cansados de tantos atajos enmarañados…”.Desestabilización capitalista e imperialista, complot, guerra de cuarta generación y estrategias fascistas, advierten en el apartado referido a Los Problemas para Obtener la Paz y elogian las políticas de paz iniciadas este año por el Gobierno. Pero exigen su participación. “Somos nosotros como pueblo en lucha los que tenemos que enfrentar ese caos y la violencia como la gran enemiga infiltrada en nuestras comunidades… por lo cual nos parece un total absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva”.Dejan claro que el documento tiene como finalidad llegar a un consenso que nada tiene que ver con el desarme del “movimiento revolucionario”. Para defender su posición recurren a una de esas frases que soltaba el presidente Hugo Chávez en sus discursos más efervescentes: “Nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada”.Ratifican la necesidad “inmediata” de acordar con el Gobierno “una política común de defensa y enfrentamiento con los agente de descomposición social, como contra todo sujeto intervencionista, sea interno o externo, que pretenda acabar con las aspiraciones libertarias del pueblo de Venezuela”, con lo que estarían asumiendo funciones de seguridad ciudadana que están reservadas a los cuerpos de seguridad del Estado.
Durante una conversación con la prensa, la mayoría de los integrantes del colectivo aseguró que no tenían armas. Sin embargo, al ser invitados a mostrar el interior de los koalas y de los bolsos 5.11 que llevaban terciados al pecho, confesaron: “Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos funcionarios policiales, otros son escoltas. Por eso tenemos nuestro armamento legal”, explicó un vocero del movimiento.
PARTE II: ACUERDO POLICIAL Y JUDICIAL
La segunda parte del documento contiene los puntos que deben cumplir las partes (colectivos y gobierno) para lograr el acuerdo de gobernabilidad. Unas propuestas están referidas al problema de la inseguridad y el sistema judicial, y las otras abordan aspectos de la crisis socio-económica. De entrada advierten que la primera condición es “que se haga justicia frente a los hechos criminales del 7 de octubre, y vayan a juicio los agentes responsables ministeriales, políticos y policiales de la masacre de Quinta Crespo”. Luego enumeran las exigencias:
Los colectivos y el gobierno acuerdan su mutuo compromiso en función de hacer frente a la situación de violencia social, donde destacan el sicariato y las estructuras paramilitares relacionadas con las mafias de la droga. Esto lo harán coordinando acciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos.
.“El Gobierno se compromete ante los colectivos y el país a emprender una política de depuración a fondo de todos los órganos de seguridad del Estado, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, el DIM, el Sebin, el Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana, las policías regionales y municipales”.
.“El Gobierno y el Poder Judicial se compromete igualmente a desarrollar una política de revolución profunda dentro del Poder Judicial, bajo el entendido de que se trata de una instancia del Estado plagada de prácticas que niegan todo principio de justicia”.
.“Los colectivos y organizaciones de base en general se comprometerán a hacer desaparecer de su seno toda práctica de la arbitrariedad dentro de sus propios espacios locales de militancias, el uso de cualquier recurso armado que se tenga para otros fines que no sean los del bien común”. También se comprometen a promover una serie de actividades sociales y políticas, y a expulsar a quienes contradigan estas prácticas.
Todo esto debe llevar a una “nueva relación de respeto mutuo entre el Gobierno y el poder popular, y reconocimiento de la particularidad, autonomía y misión de cada quién en función de las grandes metas comunes”.
“Queda claro en este acuerdo que la política de desarme emprendida por el gobierno bolivariano va dirigida, según este acuerdo a iniciar un proceso complejo de desarme de todas la bandas delictivas… Los colectivos se comprometen a contribuir en este política de desarme, usando las suyas a tales fines de ser necesario”.
.“El armamento del pueblo tendrá su condición de armamento de guerra bajo el monopolio exclusivo de la Fuerza Armada Bolivariana”.
LAS 15 PETICIONES
La introducción de la siguiente fase del compromiso advierte que:
"Que se abra al conocimiento público los contratos emprendidos con empresas transnacionales”.
“Que se haga de conocimiento público la productividad de las empresa públicas”.
“Que se abra un proceso social de evaluación participativa de todas las misiones sociales” y se inicie un proceso para pasarlas a manos del poder popular.
“Que se emprenda un proceso de integración y contraloría sobre los planes de reconstrucción productiva a nivel agrícola tecnológico e industrial”.
“Que se comience finalmente la construcción de una plataforma cibernética adecuada de manera que el pueblo organizado y la ciudadanía en general puedan ejercer de manera directa su derecho a la contraloría social”.
“Que se termine de una vez por todas con una política comunicacional únicamente dedicada a la propaganda del gobierno, a la criminalización de la crítica…”
“Que se promueva una mesa de trabajo común en función de revisar el problema de la tenencia y la productividad de la tierra”.
“Que se intervenga de manera inmediata el sistema público de salud…para resolver los grandes problemas de una sector brutalmente golpeado”.
“Que se ponga en claro la situación de nuestras minas productivas…”
“Evaluar los planes de producción energética de nuestro país dada la crisis energética que vivimos”.
“Emprender un plan conjunto de confrontación a la especulación, el contrabando…”.
“Resolver de una vez por todas la inmensa deuda que detenta el gobierno frente al país respecto al desfalco de miles de millones de dólares otorgados a empresas de maletín a través de Cadivi, de lo cual no sabemos prácticamente nada…”
“Los colectivos de trabajo revolucionarios y organizaciones de base firmantes de este acuerdo, se comprometerán a trabajar en apoyo al gobierno en función de resolver estos grandes problemas y deudas con país, además de promover un plan interno de formación de cuadros técnicos capacitados para estos fines”.
El documento cierra con la precisión de que se trata un acuerdo de “fiel cumplimiento”, en el que cualquiera de las partes puede denunciar a la otra, y solicitan la formación de una comisión permanente de seguimiento. Además anteponen la “paz y la justicia” al respeto a la normativa legal del país.
Adicionalmente asomaron su interés de convertirse en un partido político, como lo hizo el Movimiento Revolucionario Tupamaro, pues más allá de sus afectos políticos “los colectivos son organizaciones autónomas”, dijo Orlando Padrón, uno de los voceros de la organización.
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