Como la constitución nacional vigente es la máxima norma y nos obliga a vivir dentro de sus postulados, cualquier organización que tenga como finalidad recuperar la plena vigencia de nuestra constitución, debe, necesariamente respetarla. Su artículo 350 establece:
Artículo 350.
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.
La MUD es una autoridad, pues definitivamente una organización con una directiva, que organiza eventos, genera directrices que algunos obedecen, ofrece declaraciones y recibe cobertura por los medios internacionales, es una autoridad, aunque ilegítima.
Bastante se ha escrito sobre su falta de legitimidad. Una organización con fines políticos como la MUD, debería elegir a sus autoridades mediante métodos democráticos según el artículo 67 de la constitución. Como no lo hace así, sino que lo hace por "consenso" (pacto, capricho o negociación de un reducido grupo) de los jefes de otras organizaciones con fines políticos, que son los partidos AD, PJ y UNT, entonces no cumple con el artículo 67. Pero a su vez, los jefes de esos partidos tampoco lo respetan. Y la militancia de los partidos se lo permite. Eso está mal. La directiva de la MUD tiene una ilegitimidad de segundo grado.
Pero el punto no es la legitimidad, de la cual ya está claro que carece, sino determinar si la MUD contraría los valores, principios y garantías democráticas o menoscaba los derechos humanos. Veamos.
Esta organización con fines políticos acaba de realizar elecciones primarias parciales, convocando a electores de algunas áreas geográficas solamente. A tal fin, los invitados a participar no eran exclusivamente los electores de la MUD, sino que también estaban facultados para sufragar los electores de una organización distinta y supuestamente antagónica a la MUD. Según denuncias de algunos candidatos de la MUD, los resultados fueron alterados por los votos de los militantes del PSUV. Aunque este riesgo se conocía con suficiente antelación a las primarias.
En ese mismo evento, el grupo de aproximadamente cuatrocientosmil venezolanos, tanto del PSUV como de la "oposición", renunció a tener cuadernos de votación, tinta indeleble, representación proporcional, y derecho a elegir por nombre y apellido a sus representantes, pues la directiva de la MUD se reservó el derecho a imponer dichos candidatos.
Ese minúsculo grupo de electores, equivalente al 5% del REp, también expresó de alguna manera su arrepentimiento en relación con las protestas ocurridas luego de las elecciones del 14A, y todos los reclamos hechos por las denuncias de fraude electoral: reconocieron al árbitro.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de San José, tratados internacionales de los que Venezuela es cosignataria, establecen que participar en Elecciones Auténticas, es decir, libres, transparentes y justas es un Derecho Humano. Organizar elecciones donde no se cumplen ninguno de esos principios, es una violación a un Derecho Humano, de consecuencias que hace unos años podían ser inimaginables, pero ya los venezolanos estamos padeciendo hoy. Por eso, antes de las elecciones, circuló por las redes lo siguiente:
Ahora bien, aunque fueron muy pocos los electores que renunciaron a los derechos ciudadanos establecidos en los artículos 63, 67 y 186 de la constitución, como consecuencia de las acciones de la MUD que culminaron con la celebración de dichas elecciones primarias parciales, queda claro que esta organización actúa contrariando los valores, principios y garantías democráticas y menoscaba los derechos humanos, y la Constitución, por tanto, nos obliga a desconocerla.
En el estricto sentido de la palabra, y la interpretación más formal del artículo 350, los ciudadanos venezolanos estamos obligados a desconocer a la MUD.
Por una Venezuela gobernada por venezolanos.
Ludwig Moreno
Fuente Original: http://nomascne.blogspot.com/
