Militares, policías y fiscal son
los sancionados por Obama
Maduro llama a consultas a su encargado de negocios en EEUU.
Reducción de diplomáticos no fue factor en nuevas sanciones, según EEUU.
La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense tras su participación directa o indirecta en las manifestaciones del pasado mes de febrero de 2014.
Washington.- El presidente Barack Obama emitió el lunes una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.
La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos.
La medida —que declara un estado de emergencia nacional producto de “una inusual y extraordinaria” amenaza para la seguridad de Estados Unidos proveniente de Venezuela bloquea las propiedades y cuentas bancarias de algunos de los funcionarios venezolanos que tuvieron una participación directa en la ola represiva emprendida por el régimen contra las manifestaciones estudiantiles del año pasado que dejó al menos 43 muertos y cientos de heridos.
La orden ejecutiva también prohíbe a toda persona o compañía del país norteamericano a sostener relaciones financieras o de negocios con los mencionados funcionarios.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo poco después del anuncio de la Casa Blanca que el gobierno venezolano “pronto” dará a conocer su respuesta.
La medida, que también involucra la suspensión de visas estadounidenses, fue emitida contra el Comandante de la Región Central de la Guardia Nacional, el general Antonio José Benavides; el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Gregorio Bernal, y el director general del mismo organismo de inteligencia, Gustavo Enrique González López.
Asimismo, entre los sancionados figuran la fiscal general del circuito 20, Katherine Nayarith Haringhton Padrón; el presidente de la Corporación Venezolana de Guyana, Justo José Noguera; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Miguel Alcides Vivas.
Represión:
En un comunicado emitido tras la emisión de la orden presidencial, la Casa Blanca fustigó el creciente número de violaciones de los derechos humanos cometidos en el país sudamericano, así como el uso del sistema judicial venezolano como instrumento de persecución política.
“Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, declaró la Casa Blanca en el comunicado.
“Hemos llamado al gobierno de Venezuela de forma constante para que libere a aquellos que están encarcelados injustamente, así como para mejorar el clima del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y reuniones pacíficas”, agregó.
El régimen de Maduro, cuya popularidad se encuentra en el suelo producto a raíz de la grave crisis económica por la que atraviesa el país, se ha tornado cada vez más represivo en los últimos meses, arrestando a miles de personas que se han atrevido a salir a las calles a protestar en su contra y encarcelando a dos de los principales dirigentes de la oposición, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el jefe del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
La orden ejecutiva, que hace uso de la ley de sanciones aprobada a finales del año pasado en el Congreso bajo auspicio de legisladores cubanoamericanos, es considerada por observadores como una de las herramientas que podría tener un efecto muy nocivo para el régimen bolivariano, ya que atenta directamente contra uno de sus principales pilares de sustento: el sueño de enriquecimiento de sus generales y de sus máximos dirigentes políticos.
“Las sanciones son el elemento más contundente contra la cleptocracia que hay en Venezuela”, dijo Diego Moya Ocampos, analista para América Latina de IHS Global Insight/IHS Jane’s.
“La hace insostenible, porque crea una situación donde el que acumule mucho poder, el que brille más allá de lo que debe brillar, el que salga a reprimir para defender al gobierno, en vez de salir recompensado, como lo hemos visto en el pasado, simplemente va a quedar expuesto a sanciones”, explicó Moya.
Corrupción galopante:
Aun cuando el grueso de las sanciones estuvieron dirigidas a funcionarios venezolanos implicados en la creciente represión, las autoridades en Washington también están evaluando las actividades de altos funcionarios gubernamentales del país petrolero implicados en actos de Represión, dijeron funcionarios del departamento de Estado.
Estos funcionarios venezolanos “roban importantes recursos del pueblo venezolano”, manifestó el funcionario, que citó datos de la ONG Amnistía Internacional que declara a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo.
En el pronunciamiento que emitió para anunciar las sanciones, la Casa Blanca dijo que el gobierno estadounidense considera como un acto de poca seriedad el recurrente recurso del gobierno bolivariano de tejer “teorías conspirativas” para acusar a líderes de la oposición o a otros países de los problemas que enfrenta internamente.
“Hemos visto muchas veces que el gobierno de Venezuela trata de distraer de sus propias acciones al culpar a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los eventos dentro de Venezuela” dijo la Casa Blanca en el comunicado.
“Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta”, agregó.
Estados Unidos impuso en diciembre, y luego en febrero, sanciones similares contra funcionarios venezolanos, pero hasta ahora no había publicado nombres de los afectados.
Como respuesta, Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas, la instauración de visas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.
Desde Miami, representantes de la comunidad venezolana celebraron la decisión de iniciar el proceso de sanciones y expresaron esperanza de que el presidente Obama próximamente incremente la lista de sancionados.
“Este primer paso después de una larga lucha de aproximadamente 13 meses que no puede detenerse”, indicó en un comunicado Venezuela Awareness, ONG que vela por los derechos humanos en el país sudamericano.
“Aun esperan cientos de nombres que se encuentran bajo investigación para pasar a engrosar la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Insistimos […] en solicitar que quienes siguieron órdenes de sus superiores y cuyos nombres ya son manejados por las autoridades estadounidenses, deben ser también sancionados”, agregó la organización.
Los funcionarios chavistas sancionados:
El presidente Barack Obama impuso el lunes sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano, congelando todas sus propiedades e intereses por estar involucradas en violaciones a los derechos humanos y en prácticas de corrupción.
De acuerdo con un anexo a la orden ejecutiva del presidente, las personas sancionadas son:
1.- Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región central de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y ex director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Benavides Torres fue líder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han visto involucrados en actos significativos de violencia o conducta que constituye un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluyendo contra las personas que participaron en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero del 2013. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron las fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluyendo violencia física severa, asalto sexual y uso de armas de fuego.
2.- Gustavo Enrique González López: director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
González López es responsable de o cómplice en, o responsable por ordenar, controlar o dirigir, o ha participado en, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluyendo contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en o desde febrero del 2014. Como director general del SEBIN, estuvo asociado con el seguimiento a los líderes de la oposición al gobierno de Venezuela.
Bajo la dirección de González López, el SEBIN ha jugado un papel prominente en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela, Además de causar numerosas heridas, el personal del SEBIN ha cometido cientos de allanamientos y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
3.- Justo José Noguera Pietri: presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad estatal, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Noguera Pietri fue líder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han visto involucrados en actos significativos de violencia o conducta que constituye un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluyendo contra las personas que participaron en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero del 2013. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron las fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluyendo violencia física severa, asalto sexual y uso de armas de fuego.
4.- Katherine Nayarith Haringhton Padrón: fiscal nacional del distrito 20 la oficina de la Oficina del Ministerio Público.
Haringhton Padron, en su capacidad como fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, incluyendo a la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado, y, en febrero del 2015, al alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por los delitos de conspiración relacionados con presuntos planes de asesinato y golpe de estado sobre la base de información no creíble o fabricada. Las pruebas usadas en respaldo a las acusaciones contra Machado y otros estuvieron basadas, al menos en parte, en correos electrónicos fraudulentos.
5.- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Pérez Urdaneta es el actual líder de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han visto involucrados en actos significativos de violencia o conducta que constituye un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluyendo contra las personas que participaron en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero del 2013. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza severa contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluyendo disparos con armas de fuego.
6.- Manuel Gregorio Bernal Martínez: Comandante de la 31 brigada armada del Ejército en Caracas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando agentes dispararon sus armas contra los manifestantes, matando a dos personas cerca de la oficina de la Fiscal General.
7.- Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex comandante de las Regiones para la Defensa Integral (REDI) de la Región de los Andes de la FANB.
Vivas Landino es responsable, o ha sido cómplice, o responsable por ordenar, controlar o de alguna manera dirigir, o ha participado, directa o indirectamente, en actos significativos de violencia o conducta que constituye un serio abuso o violación de los derechos humanos, hacia personas que participaron en las protestas antigubernamentales en Venezuela en y desde febrero del 2014.
Por: Antonio Maria Delgado
