“Hay miedo de ser delatado por quien menos piensas”. Con ese clima hostil se trabaja hoy en Venezuela. Ante cualquier crítica al régimen del presidente Nicolás Maduro, rápidamente hay algún delator para tomar nota.
“Dentro de la oficina no me atrevo a mencionar los errores de las autoridades del organismo, y mucho menos del gobierno, porque somos espiados”, explicó a El Nacional una funcionaria estatal, que pidió reservar su identidad.
Según consigna el periódico venezolano, sindicatos paralelos son establecidos por el gobierno chavista en el sector privado. A su vez, la cúpula bolivariana también ubica a dirigentes afines para ocupar directivas de las organizaciones, con el principal objetivo de hacer un exhaustivo seguimiento y espionaje de los patronos.
El Ejecutivo también promueve el control y absorción del sector privado a partir de expropiaciones y nacionalizaciones de compañías, entre otras prácticas.
“En las empresas básicas de Guayana ha ingresado personal sin cargos ni funciones específicas y cuyo mérito es ser militante del PSUV. Los trabajadores saben que están allí para espiarlos”, expresó José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco.
Estos grupos paralelos conformados por el chavismo están compuestos por cerca de 5.000 personas, cuyo deber es dar conocimiento a los organismos de seguridad del Estado sobre los conflictos generados por reclamos a los incumplimientos laborales.
Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, indicó que Pdvsa paga a unas 80.000 personas, entre las cuales se encuentran escoltas de funcionarios e importantes dirigentes chavistas. “Es gente que no oculta su fanatismo, y los trabajadores de carrera en la industria se mantienen alejados de ellos”, explicó.
Esta estrategia comenzó años atrás, en 2000, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez se encontraba en el poder. Bajo su mandato comenzó la instalación de sindicatos chavistas que llegaban para desplazar a los ya existentes.
Uno de los sectores que más acosos está sufriendo es el cementero. En las empresas nacionalizadas del rubro se exige lealtad total a los trabajadores, a pesar de que a estos se les niega la discusión de contratos colectivos y las mejoras en las condiciones de seguridad y salud.
“El acoso y el espionaje interno lo aplican los gerentes, quienes califican de enemigos y saboteadores al sindicato y a los trabajadores por reclamar sus reivindicaciones”, denunció Ulises Rodríguez, dirigente sindical de Venezolana de Cemento.
Infobae
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