Sacudido por una serie de golpes provenientes del exterior, el régimen de Nicolás Maduro procedió esta semana a cerrar filas internamente al nombrar a dedo a puestos clave a elementos fieles a la revolución, pero la medida viola la Constitución y deja al chavismo más vulnerable al escarnio internacional, dijeron expertos.
“Esto es un blindaje”, comentó Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, en referencia a los nombramientos realizados esta semana por los diputados chavistas en la Asamblea Nacional, incluyendo a nueve magistrados nuevos.
Con los nombramientos, el chavismo está reservando para sí un cheque en blanco para actuar como le plazca ante la posibilidad de que tenga que recrudecer la represión, ante los pronósticos de que el régimen verá el próximo año un descontento mayor y total discrecionalidad de cometer fraude en las venideras elecciones parlamentarias, explicó Arria.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ratificó esta semana en su puesto a la Fiscal General, Luisa Ortega, quien jugó un papel clave en la feroz represión que el régimen emprendió contra las manifestaciones estudiantiles de este año que dejaron al menos 43 muertos, cientos de heridos y miles de ciudadanos procesados.
Ortega, uno de los funcionarios venezolanos que podrían ser incluidos en la lista de sanciones estadounidenses por violaciones a los derechos humanos, lleva años enjuiciando a los venezolanos que protestan pacíficamente.
“Más de 5,800 personas fueron detenidas desde el 2005 por ejercer su derecho a manifestarse, la mayoría durante la gestión de Ortega”, resaltó Provea, ONG venezolana que vela por los derechos humanos.
La Asamblea Nacional también nombró a los chavistas Tarek William Saab y Manuel Galindo Ballesteros, respectivamente, en los cargos de Defensor del Pueblo y de Contralor y reiteró en sus cargos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y a la rectora de la misma institución, Sandra Oblitas.
Y en el paso más reciente, los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional aprobaron el domingo la designación de nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, contando para ello con un total de 101 votos.
No obstante, la Constitución expresamente establece que los mencionados cargos deben contar con dos tercios de los 165 escaños del unicameral cuerpo legislativo, es decir 110 votos.
Para aprobar los nombramientos, el régimen socialista utilizó normativas aprobadas por sus propias cortes, que le otorgan la facultad de nombrar a los funcionarios con una mayoría simple.
Pero expertos y representantes de la oposición argumentan que las leyes nunca pueden estar por encima de los preceptos de la Constitución y que, en consecuencia, los nombramientos son inconstitucionales.
“Esta es una sesión donde claramente se puede ver que quienes están arrodillados al poder le dan la espalda al pueblo de Venezuela, cómo se tuerce la Constitución y se interpreta como les da la gana a ellos para burlar lo que esa misma letra dice”, dijo el diputado opositor Tomás Guanipa tras la designación de Ortega.
Según la Constitución, los representantes de los poderes “tienen que ser nombrados por consenso y por las dos terceras partes de esta cámara” y “de forma absolutamente arbitraria han hecho que [el TSJ emita] una interpretación que va en contra de los intereses del pueblo”.
Los nombramientos fueron realizados pocos días después de que el régimen bolivariano recibiera una cadenilla de golpes en el campo internacional que incrementan sus ya extensos problemas.
Este mes, Maduro vio a la Unión Europea pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos, y a su principal aliado, él régimen de los hermanos Castro, manifestar su deseo de hacer las paces con Estados Unidos.
Y en lo que analistas advierten podría terminar siendo una píldora envenenada para el régimen de Caracas, Washington convirtió en ley un proyecto, impulsado por legisladores cubanoamericanos, que sanciona económicamente a los funcionarios de alto rango del chavismo involucrados en actos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
Ante las mayores presiones internas y externas, el régimen de Maduro ha decidido cerrar filas, dejando de lado cualquier expectativa de que optara por incorporar a elementos de la oposición para de esa manera tratar de calmar el creciente descontento interno y las acusaciones cada vez más frecuentes de que ha dejado de ser democrático, comentó desde Caracas el analista Christian Burgazzi.
“Estos señores no están dispuestos a ceder parcelas de poder, ni a enrumbarse por caminos democráticos, sino que cada uno de ellos está luchando por preservar sus pequeñas cuotas de poder, para utilizarlas de escudo, ante la posibilidad de que sean sancionados”, dijo Burgazzi.
Clara muestra de esto es la confirmación de Ortega como Fiscal General. La funcionaria ha sido nombrada como posible candidata a las sanciones que se preparan en Washington por su participación durante la represión de las protestas estudiantiles, señaló.
“Ellos intentan aferrarse a estos escudos para tratar de salvarse”, insistió.
“Estas son reacciones cada vez más destempladas ante el aislamiento internacional.
El hecho de la bofetada que recibieron de sus propios aliados, los cubanos, y luego el remate que les dio el presidente [Barack] Obama al firmar las sanciones, y en el intermedio el gancho al pecho que recibieron de los europeos... Todo eso les dejó muy mal. Ahora están trastabillando”.
De manera –dijo Burgazzi- que ahora no les importa mucho salir a romper nuevamente el hilo constitucional al hacer los nombramientos, con lo que están nuevamente dejando de lado toda apariencia de democracia, y eso solo le eleva el costo político en el exterior.
Y la nueva ola de excesos del régimen no ha pasado inadvertida en Latinoamérica.
“Si algo está claro en el régimen de Nicolás Maduro es que para subsistir en tan precarias condiciones es necesario concentrar el poder e impedir cualquier atisbo de disidencia que amenace con debilitarlo”, señaló el viernes en un editorial el diario El Comercio de Perú.
“Con esta última movida del gobierno de Maduro es claro que el estado de la democracia en Venezuela es cada vez más rancio”, sentenció.
Por Antonio María Delgado
El Nuevo Herald
