El Calabozo de la Libertad
La respuesta es NO. No vamos a tener unas elecciones limpias y transparentes el próximo 6 de diciembre. ¿Y saben por qué no las tendremos? Porque el CNE que preside Tibisay Lucena no se caracteriza precisamente por la limpieza y la transparencia de sus decisiones.
No es casual, por ejemplo, que el CNE se haya tardado 6 meses para anunciar a los venezolanos que tendríamos elecciones parlamentarias este año. Desde enero de 2015, las fuerzas democráticas venezolanas estaban exigiendo al máximo organismo comicial del país la fecha de los comicios que permitirán renovar la Asamblea Nacional. Pero la señora Lucena no soltó prenda sino hasta hace apenas una semana, como si las escogencia de los diputados que dicen representar al pueblo venezolano fuera un secreto de estado guardado en el área 51 de la NASA.
En ningún país del mundo hay tanto misterio con las fechas de las elecciones como aquí en Venezuela. Parafraseando el slogan que alguna vez utilizó la Corporación Venezolana de Turismo, la fecha de las elecciones parlamentarias venezolanas “era el secreto mejor guardado del Caribe”. Fue necesaria una huelga de hambre de casi 100 personas, liderada por Leopoldo López y Daniel Ceballos, la presión de diversos organismos internacionales, y hasta una reunión de Thomas Shannon con Diosdado Cabello en Haití, para que finalmente la señora Lucena se decidiera a fijar el día de los comicios. Claro, después de recibir instrucciones de Cabello, Maduro y los hermanos Castro.
Para que se tenga una idea de cómo funcionan las cosas en otras naciones, basta con revisar lo que pasa con el tema electoral en otros países: los argentinos saben desde hace poco más de un ano que las elecciones presidenciales de esa nación serán el 25 de octubre de 2015. En España, desde hace más de un año se sabe que el 20 de diciembre de 2015, se celebrarán las elecciones generales de ese país. Será la décima segunda desde la transición y las primeras con Felipe VI como jefe de Estado y servirán para renovar 558 de los 616 escaños que conforman las Cortes Generales: 350 del Congreso de los Diputados y los 208 de elección directa del Senado.
En EEUU, las elecciones presidenciales que se celebrarán en el 2016, ya tienen fecha: 8 de noviembre de ese año. Hasta las primarias republicanas, donde hasta ahora figuran 13 precandidatos (y los que faltan) y los debates presidenciales, que son obligatorios, también tienen fecha fijada. En la hermana república de Colombia, las elecciones presidenciales de 2018 (dentro de 3 años) ya tienen fecha: serán el último domingo de mayo de ese año.
Como puede observarse, en los países donde la democracia funciona, y donde las leyes se respetan, los organismos encargados de hacer las elecciones no pueden estar ocultando la fecha de los comicios como les venga en gana, no solamente porque se trata de un tema muy sensible y delicado, sino porque simple y llanamente, es cuestión de transparencia, credibilidad, respeto al ciudadano y de legalidad.
Si Tibisay Lucena hubiese querido hacer lo que ha hecho en Venezuela en naciones como España, Colombia, México o EEUU, ya estaría presa y condenada a 30 años de cárcel por tramposa. Pero en el reino del Socialismo del Siglo XXI donde la ilegalidad y el irrespeto a las leyes es asunto de todos los días, es muy probable que Lucena sea condecorada con el Gran Cordón del Libertador en primera clase.
Soy de quienes creen que hay que hablarle bien claro a los electores: las parlamentarias del 6 de diciembre de 2016 no serán limpias. Tampoco serán transparentes. El que crea que va a ser así es un iluso. La señora Lucena y las restantes rectoras que le acompañan para hacer mayoría en el CNE harán todo lo que sea posible (de hecho tienen mucho tiempo haciéndolo) para favorecer al oficialismo y a Nicolás Maduro. Para muestra un botón: esta semana, entre gallos y medianoche, el CNE aprobó un reglamento que obliga a los partidos políticos a inscribir entre un 40 y un 50 por ciento de mujeres como candidatas a la Asamblea Nacional.
La norma, aunque pareciera ser muy justa, por aquello del balance, de la proporcionalidad y del respeto al denominado sexo débil, es tremendamente ilegal e inconstitucional por cuanto se supone, que todos los aspirantes a la Asamblea Nacional deberían ser electos mediante elecciones primarias universales, directas y secretas. Si así fuera, es imposible determinar con exactitud el porcentaje de hombres y mujeres que ganarían en unas primarias.
No es que no estemos de acuerdo con permitir que haya muchas mujeres en la AN. Al contrario: nos alegra y nos gusta que haya muchas damas metidas en la política. Pero no puede ser casual que la norma del CNE se produzca justo después que la MUD seleccionó a todos sus candidatos, con lo cual se infiere, necesariamente, que el reglamento del CNE fue hecho precisamente para generar el caos en las candidaturas de la oposición.
Por cierto: una fuente cercana al oficialismo me informó esta semana que la estrategia de Nicolás Maduro y el PSUV, previa a las parlamentarias, es precisamente esa: provocar el caos dentro de la MUD, adoptando medidas y tomando decisiones que pongan en entredicho el mecanismo de selección de postulados por parte de la Mesa de la Unidad. En la Sala Electoral del TSJ se está cocinando una sentencia que busca obligar a la MUD a hacer primarias en todos los circuitos. La decisión cuestionará las denominadas “candidaturas por consenso”. La sentencia se haría con base en una demanda introducida en el TSJ donde se piden primarias en el circuito Baruta-Chacao-El Hatillo.
Como puede observarse, nos enfrentamos a unos comicios muy difíciles, nada transparentes, donde la ilegalidad y la violación de la Constitución será un tema recurrente. El oficialismo sabe que si pierde la mayoría en la Asamblea Nacional, como seguramente va a ocurrir, el denominado Socialismo del Siglo XXI habrá comenzado a redactar su acta de defunción.
Ahora bien: ¿qué hacer para impedir que nos hagan trampa? La respuesta es: organizarnos, prepararnos, adelantarnos a la jugada y actuar en consecuencia. Todas las encuestas dicen que el PSUV va a perder las elecciones. Maduro tiene 75% de rechazo. El oficialismo está dividido. Dejar de ir a votar no es una opción. De manera que se equivocan los abstencionistas que pensaron que este artículo era para llamar a no votar, o llamar a “salvar el voto” como piden algunos incautos que nos quieren convencer de repetir la terrible experiencia del año 2005.
El CNE quiere hacer trampa y nosotros estamos obligados a luchar y a combatir esa trampa. Y eso sólo es posible si activamos los mecanismos necesarios y presionamos duro, muy duro, para que haya observación internacional de la OEA, Unión Europea y se respeten las reglas del juego electoral. Guerra avisada no mata a soldado. Estamos advertidos de lo que se nos viene encima. Tenemos tres caminos: salir corriendo, quedarnos en la casa “salvando el voto” o luchar con todo lo que tengamos en nuestras manos, legalmente hablando, constitucionalmente hablando, para impedir que la trampa gane el 6 de diciembre.
