La resolución recae sobre los manifestantes de 2014 que aún tienen medidas judiciales. Los 19 casos de tortura fueron remitidas al relator especial de la tortura
Han transcurrido 7 meses y 13 días, desde que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emplazó al gobierno a que cese las medidas judiciales que, en la práctica, limitan los derechos humanos de quienes protestaron en 2014, un total de 317 ciudadanos.
Los delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU terminaron el informe el 21 de noviembre de 2014, luego de oír a los representantes del Estado y a las organizaciones sociales que denunciaron las arbitrariedades.
En forma concreta solicitan a la República Bolivariana de Venezuela “que garantice que las medidas cautelares dictadas para limitar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacíficas se declaren sin valor jurídico y mientras eso no suceda no sean aplicadas, por contravenir las obligaciones del Estado contenidas en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Los tribunales prohíben, a quienes se les da casa por cárcel o régimen de presentación, que declaren a medios de comunicación y que participen en marchas o actos políticos. Si hay desacato, pueden ser arrestados.
“El gobierno fue informado de las resoluciones de la ONU, pero las ha desatendido, a pesar de que está obligado, por ser firmante de los tratados internacionales y ser miembro del foro internacional, a acatar los parámetros sobre protección de derechos humanos”, alertó el miembro del Foro Penal Gonzalo Himiob, una de las 30 ONG venezolanas que consignó pruebas sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas en 2014.
Himiob sostuvo: “El incumplimiento al mandato de la ONU muestra la poca disposición del gobierno de respetar derechos humanos y lo coloca de espaldas a la comunidad internacional”.
Si incumple, la ONU establece en sus informes una notificación sobre el caso Venezuela, en detrimento de la imagen de la gestión de Nicolás Maduro.
Detenciones arbitrarias. El Grupo de Trabajo, en su 71º período de sesiones, efectuado entre el 17 y 21 de noviembre de 2014, citó a las partes para que expusieran los casos.
El gobierno venezolano fue notificado antes sobre las denuncias el 28 de febrero de 2014. El Estado respondió el 28 de abril del año pasado y, de manera adicional, el 17 de junio de 2014, que la oposición pretendía derrocar a Maduro.
El informe de la ONU consideró que las 300 detenciones -ocurridas en febrero de 2014- fueron arbitrarias, por cuanto contravinieron los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. De este total, 19 personas fueron torturadas o sometidas a tratos crueles, lo que fue calificado por el Grupo de Trabajo de alarmante y los expedientes remitidos al relator especial sobre la tortura.
El caso más emblemático fue el de Juan Manuel Carrasco, quien denunció abuso sexual. De este grupo, seis estudiantes son juzgados con Leopoldo López, Christian Holdack (detenido por más de un año) y Marco Aurelio Coello (por más de cuatro meses).
El Foro Penal totaliza, hasta el presente, 3.765 detenciones; 2.055 se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, mientras que 29 están tras las rejas por manifestar. Asegura que hay 75 presos por motivos políticos.
La ONU aboga por la “liberación inmediata” de los detenidos entre el 9 y 20 febrero de 2014 e insta al gobierno a “remediar la situación” de los 300 manifestantes presos en condiciones arbitrarias y en vista que el gobierno no logró evidenciar que hayan cumplido procesos constitucionales e internacionales aplicables.
Evalúan medidas humanitarias
Juventud Activa Venezuela Unida y el párroco de la iglesia La Guadalupe, Jairo Servita, evaluaron con la defensora del pueblo-Caracas, Jannely Ramírez, los casos de los presos políticos que recibirían medidas humanitarias.
El presidente de JAVU, Julio César Rivas, dijo que solicitaron que los ministerios del Interior y de Asuntos Penitenciarios permitan al padre Servita entrar al Sebin y a las cárceles para ver a los jóvenes, entre ellos a Ronald Navarro, quien presenta un cuadro depresivo.
Pidieron garantías de los derechos humanos de Lorent Saleh y de Gabriel de Vallés, aislados en “La Tumba” del Sebin; y que liberen a Renso Prieto porque han suspendido seis veces la audiencia en el tribunal.
“Quedan solo 64 presos políticos y esperamos que el número se reduzca. Esperamos respuesta de la MUD sobre la inscripción de presos políticos como candidatos a la Asamblea Nacional, como Renso Prieto. El MAS, URD y BR están dispuestos a apoyar nuestros candidatos”, dijo Rivas.
El Nacional
