En este nuevo escrito dirigido a todos los sectores de país, 60 economistas venezolanos explicamos las grandes dificultades económicas a comienzos del 2015, de dónde provienen y cómo deberían ser enfrentadas. Venezuela requiere que se establezca una economía de mercado con fuertes instituciones sociales y económicas, formando parte de una democracia donde todos los sectores nacionales tengan abierta las puertas a participar sin temor alguno en el desarrollo nacional. Nuestro vecinos en América Latina, en su mayoría, ha lograda establecer una economía con estas características, sin caer en concepciones ideológicas extremistas.
El presidente Nicolás Maduro en su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional de ayer hizo algunos anuncios económicos puntuales, que no cambian el curso de las grandes dificultades de la economía venezolana. El nuevo régimen cambiario que anunció sigue manteniendo tres tasas oficiales, y como ya se ha comprobado, es propenso a la ineficaz asignación de divisas, con elevada corrupción que aprovecha los diferenciales cambiarios. Una tasa oficial que mantiene un subsidio cambiario de 6,30 Bs/$ para bienes básicos, alimentos y salud; una tasa unificada de Sicad 1 y 2, cuyo monto no fue anunciado, pero se espera una devaluación de la misma; y una tercera tasa de cambio, que operará a través de operadores de bolsa pública y privada.
En el contexto de la fuerte caída de los ingresos petroleros en 2015, a un estimado de la mitad de los recibidos en 2014, con pesadas obligaciones financieras y petroleras que se analizan en este documento, la disponibilidad de divisas para proveerlas bajo este régimen cambiario son muy limitadas. La expansión del gasto público anunciada por Maduro, no puede sino aumentar la liquidez en manos del público y la presión sobre la nueva tasa de cambio vía casas de bolsa y el mercado paralelo. Esta tercera tasa de cambio, todavía por ser definida en sus detalles, será, sin embargo, mucho más alta y elevará el costo del gran volumen de importaciones que no recibirán divisas a las tasa preferencial ni Sicad. Sin un conjunto de medidas económicas coherentes, como se plantea en la segunda sección de este documento, un régimen cambiario como el anunciado no puede sino reflejar la muy fuerte presión alcista en los precios y en las tasas de cambio de libre fluctuación. El ajuste del salario mínimo en 15%, a partir de febrero, es insuficiente, y ocurre en medio de presiones que elevaran la inflación por encima de 100% anual; los anuncios están lejos de constituir un verdadero plan coherente y creíble para estabilizar la economía venezolana y sentar las bases para su recuperación.
Debemos recordar el origen cercano de las dificultades actuales. Las distorsiones de la economía venezolana se agravaron desde el segundo semestre 2012, al acentuarse la inflación y la depreciación de la tasa de cambio no oficial; en medio de una creciente restricción en la entrega de divisas al sector privado que se prolongó hasta 2013. En ese año el promedio del precio del petróleo para Venezuela fue 103, 42 $/barril. Ello nos llevó, a un grupo de economistas, a hacer público un documento con un alto grado de consenso profesional en enero 2014, sobre la crisis cambiaria, las dificultades del sector petrolero y el deterioro socioeconómico en Venezuela.
Ahora, a principios del 2015, con la aguda y fuerte caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014, la situación del país entró en una fase de auténtica emergencia económica, pues los ingresos petroleros estimados para el 2015, son alrededor de la mitad de los del 2014 en un escenario conservador, con bajas reservas internacionales operativas y fuerte acumulación de deuda pública y otras obligaciones comerciales; esta situación hace insostenible mantener el marco de políticas económicas que se han venido ejecutando desde el Gobierno de Hugo Chávez hasta el de Nicolás Maduro, centrado en controles de precios, cambio, ganancias e incluso del patrón de distribución de bienes de consumo básico en el territorio nacional. Además, la absoluta mayoría de empresas públicas, incluyendo las nacionalizadas en los últimos diez años, enfrentan serios problemas de eficiencia productiva y bajos niveles de producción.
La alta inflación anual de 2014, fue superior a 65%, la más alta del mundo; aunque el Gobierno influyó directamente en su cálculo desde el tercer trimestre para intentar detener su continua alza; el desabastecimiento crónico a nivel nacional y la escasez de bienes e insumos de toda clase, junto a una contracción de la economía y pérdida de empleos, son parte de las graves consecuencias que enfrentan los venezolanos desde el año pasado.
En el 2014 se perdió un valioso tiempo en términos de medidas de política gubernamental oportunas. Desde antes de la caída más acentuada de los precios del crudo en el tercer trimestre, hubo una fuerte resistencia política e ideológica dentro del Gobierno de Nicolás Maduro para asumir la responsabilidad de tomar acciones correctivas adecuadas en el plano fiscal, monetario, cambiario, petrolero y de incentivos efectivos para la recuperación del aparato productivo. Actualmente es visible la disminución en la calidad de vida de los venezolanos, tal como lo expresan las vivencias de los ciudadanos y los estudios de opinión pública.
Se debe señalar que en el 2014 tampoco se avanzó en el dialogo político y que el país sigue dividido, con instituciones democráticas muy debilitadas, casi inoperantes. El sector oficialista ha perdido el apoyo de las grandes mayorías de los venezolanos, que ahora ven más de cerca las adversas consecuencias de un modelo económico de inspiración ideológica de izquierda marxista leninista, marcado por el populismo con los recursos petroleros y el endeudamiento masivo; el cual fue abandonado en el resto del mundo y no fue seguido como ejemplo en los países más afines del ALBA.
El énfasis de gasto público en materia social desde 2004, vía las Misiones, generó un gran apoyo a nivel nacional para el Gobierno, pero éste no debió ser excusa para socavar las bases de estabilidad de económica del país y acumular una enorme deuda pública, causando una alta y persistente inflación, desabastecimiento, cierre de empresas, desempleo, una caída del poder de compra de la familia venezolana y una dependencia extrema del consumo de la distribución de la renta petrolera. Las Misiones deben institucionalizarse, como parte del sistema de gasto social, con transparencia de gestión y mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Desde el 2009 un grupo de economistas venezolanos, de distintas generaciones, tendencias y regiones del país, hemos dado a conocer nuestros puntos de vista coincidentes en documentos colectivos, disponibles en la sección editorial del website www.pensarenvenezuela.org.ve. En esta oportunidad queremos tratar, de manera accesible para los lectores fuera del área de la profesión, dos grandes temas de importancia para la delicada situación del país. Primero, un recuento del origen de los grandes problemas económicos centrales, interrelacionados, que requieren atención urgente; todos los cuales han sido explicados en escritos anteriores (2009-14) y ahora tienen dimensiones mayores, en medio de lo que ahora en 2015, podemos definir como una emergencia económica. Segundo, delineamos nuestro análisis del impacto de la caída del precio del crudo sobre la economía venezolana y explicamos nuestras sugerencias al país, como un conjunto de acciones y objetivos de una nueva política económica, dentro del contexto de precios más bajos del petróleo para 2015-16.
Estamos muy conscientes de la resistencia a rectificar en los lineamientos económicos socialistas, dentro del Gobierno de Nicolás Maduro, muy a pesar de su anuncio de consultar a economistas sobre algunas alternativas, ahora, cuando es evidente el fracaso de la gestión económica. Aparte de las razones políticas, de mantenerse en el poder sin cambios substanciales contrarios a su ideología de izquierda radical, anti-mercado, es evidente que, tal como han señalado diversos sectores nacionales, se ha percibido un persistente interés de provecho personal en grupos que han mantenido el control en la asignación de las divisas y otros mecanismos de intervención estatal, todos en manos de una cúpula gubernamental. Ese fue siempre un problema grave en los sistemas socialistas del siglo XX, que asumían o intentaban un control central de las actividades económicas de una nación; y tal ha sido el caso del experimento socialista en Venezuela. Estos grupos o factores de poder con sus intereses y privilegios, no deberían entorpecer más la rectificación económica en 2015, en aras del interés nacional.
A) Los grandes problemas económicos de Venezuela eran muy graves antes de la caída de los precios del petróleo
Los problemas económicos del país desde la gestión de Hugo Chávez se manifestaron en una cada vez mayor dependencia del petróleo y del endeudamiento público, mientras la inflación se elevaba y se acumulaban grandes distorsiones; el impacto negativo sobre la población pudo ser compensado por varios años, con grandes transferencias de recursos a los sectores de bajos ingresos desde 2004; e importaciones de alimentos y otros bienes, vendidos a precios subsidiados.
Sin embargo, al mantener un bolívar sobrevaluado para aumentar el impacto de la red de beneficios sociales, junto a los controles de precio y cambio, para también mantener los subsidios explícitos o implícitos, se causaron grandes desequilibrios económicos que llevaron a un acelerado endeudamiento público, el reemplazo gradual de la producción nacional de alimentos y toda clase de bienes de consumo, insumos y bienes de capital, por importaciones, más baratas a la tasa de cambio sobrevaluada. En conjunto, el objetivo combinado de corto plazo, social, electoral y político, privó sobre todos los previsibles costos económicos para la nación, los cuales al manifestarse más abiertamente a partir de 2012, revelaron el impacto social adverso de la inflación, el desabastecimiento y caída de la actividad económica, advertido previamente por los economistas.
Es en este contexto que la caída del precio del petróleo desde junio 2014 agrava enormemente la situación de Venezuela, que se refleja en un grave problema socioeconómico de desabastecimiento y de escasez generalizada de productos alimentarios, medicamentos, material esencial para el sector salud, equipos, maquinaria e insumos para las distintas actividades productivas del país.
Los problemas económicos centrales, interrelacionados, que requieren atención gubernamental urgente en medio de lo que ahora, en 2015, podemos definir como una emergencia económica, se resumen en los siguientes puntos:
— La expansión fiscal, dentro y fuera del presupuesto nacional, y los grandes déficits de sector público son el problema primario que induce a mayores desequilibrios monetarios y cambiarios. El déficit del sector público restringido, como porcentaje del PIB, se elevó a 15.6% en 2012, 16,3% en 2013 y se estima en 19% en 2014. Estas son cifras extraordinariamente altas para cualquier economía y han sido cubiertas en gran medida con el financiamiento monetario provisto por un debilitado Banco Central de Venezuela, con su Directorio recibiendo instrucciones directas del Gobierno. Ni el Gobierno de Hugo Chávez ni el de Nicolás Maduro han tenido reparo en usar todos los recursos fiscales, sean estos provistos por el petróleo, los ciudadanos a través de la recaudación del SENIAT, el endeudamiento público, los acuerdos con China; agreguemos a lo anterior la inconveniente transferencia de una parte importante de las reservas internacionales líquidas del BCV y los excedentes de tesorería de PDVSA, a un fondo de gasto público extra-presupuestario, FONDEN, para fines definidos por el Presidente, sin respetar las leyes ni la Constitución en sus artículos 314 y 320.
— A nuestra empresa estatal petrolera, PDVSA, los problemas derivados de la sistemática extracción de sus propios recursos financieros por parte del Gobierno, más allá de los impuestos y regalía que señala la ley, además de endeudamiento para fines distintos a sus actividades, y los compromisos asumidos con China y Petrocaribe/Cuba, la han colocado en una situación de minusvalía financiera operacional. Los volúmenes de producción propia de PDVSA en crudos ligeros y medianos cayeron desde el primer trimestre 2011 hasta el tercer trimestre 2014 en 000 barriles por día, lo cual equivale a 10.5% de las exportaciones del 2014; esta caída ha sido compensada, parcialmente, por el incremento en 140.000 barriles por día en la producción de crudos extra-pesados en las empresas mixtas, asociada al esfuerzo de las compañías extranjeras, donde los ingresos petroleros son compartidos. Las importaciones de crudo y productos han venido elevándose para proveer el crudo diluyente y la nafta, necesarios para la exportación de parte de los crudos extra-pesados y para suplir el mercado interno, dada la menor producción en las refinerías. La pesada factura de importación ha fluctuado en 2012-14, entre $7.000 y $8.400 millones al año, substancialmente mayor que el servicio anual de la deuda externa de PDVSA en 2014 de $5.389 millones. El volumen de exportación de crudo y productos en 2013 cayó 5,5% a 2.265.000 b/d y en 2014 se estima una disminución de 3,2% a 2.190.000 b/d. La producción petrolera estimada para 2014, 2.740.000 b/d, hace evidente el fracaso del Plan Siembra Petrolera anunciado en 2006, el cual tuvo una meta de producción de 5.800.000 b/d para 2012.
— El endeudamiento público creció en forma acelerada desde 2005, a pesar del alza sostenida del precio del petróleo desde 2003. El Gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro usó todos los posibles medios de contraer deuda por 10 años. En el caso de las leyes de endeudamiento del Gobierno Central, que es una parte de la masiva acumulación de deuda pública, del saldo de la deuda interna y externa en dólares, estimada en unos US$150.000 millones a finales de 2014, sólo un 25% se destinó a proyectos de inversión; el resto fue usada en restructuración financiera, servicio de deuda y gestión fiscal. Al intentar consolidar las obligaciones financieras en títulos, convenios con China y deuda por nacionalizaciones, del sector público restringido en divisas, estas se estiman en US$147.000 millones. La deuda pública interna en bolívares a tasa de cambio oficial equivale a US$78.638 millones y el financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV) a PDVSA y otros entes públicos llegó en diciembre 2014 al equivalente a US$107.290 millones. La devaluación del bolívar que se anticipa, sin duda diluirá en términos de divisas las obligaciones en bolívares del Gobierno y PDVSA; también lo hará con las obligaciones laborales pendientes y reducirá el poder de compra de sueldos y salarios. Dada la falta de información oficial organizada es difícil consolidar el total de obligaciones en divisas y bolívares, pero estos montos dan idea de montos muy grandes, en particular en el contexto de los disminuidos ingresos por exportación petrolera de 2015.
— Las cifras anteriores de deuda pública no incluyen la deuda comercial, en divisas y bolívares, del Gobierno Central y PDVSA con contratistas y proveedores, ni las obligaciones de suministro de divisas (CENCOEX/CADIVI) con el sector privado venezolano y empresas extranjeras residentes en el país, que a su vez tiene deudas contraídas con sus casas matrices o proveedores internacionales, estimadas en US$21.200 millones (incluye deuda comercial por importaciones, servicios, dividendos aprobados y dividendos retenidos a socios de empresas petroleras mixtas). La deuda de PDVSA con sus contratistas y proveedores era de US$21.404 millones a finales del 2013; además de deudas indirectas a través de las empresas mixtas, estimadas en US$12.000 millones, con sus socios (dividendos retenidos) y contratistas. Se conoce que algunas de estas deudas comerciales se reestructuraron, pero siguieron creciendo en 2014 debido a las dificultades financieras de PDVSA. No tenemos cifras sobre las obligaciones acumuladas del resto del sector público con contratistas y proveedores, pero las grandes obras públicas en todo el país están paralizadas o en lenta ejecución por falta de pago. Estimamos que la deuda comercial, servicios y con contratistas/ proveedores del sector petrolero, consolidada en divisas, es superior a los US$40.000 millones. Se requiere transparencia de parte del Gobierno, para informar al país sobre los actualizados de estas obligaciones por pagar, en divisas y en bolívares. Dada la situación de desabastecimiento general y escasez de bienes de consumo e insumos agrícolas e industriales, este componente no titularizado de la deuda pública nacional es tan importante como la deuda pública financiera registrada.
— La política monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV) fue desviada del objetivo constitucional de la estabilidad de precios y manejo responsable de las reservas internacionales para, a través de la designación de un Directorio de filiación partidista y sin credenciales académicas adecuadas, descuidar las tareas de un ente monetario responsable. El BCV ha transferido US$62.250 millones (hasta septiembre 2014) de las reservas internacionales al FONDEN desde la inconstitucional reforma de su ley de julio 2005; y ha adquirido pagarés de PDVSA desde 2010, medio de financiamiento monetario del déficit del sector público, en montos en bolívares muy grandes, equivalentes a tasa de cambio oficial al cierre de diciembre 2014 a US$107.290 millones. El control gubernamental del BCV, obviando las razones de su autonomía establecida en la Constitución, es el origen de la falta de reservas internacionales ahora en 2015 y del acelerado crecimiento de la liquidez monetaria en manos del público, bolívares sin respaldo. Esta situación en el ente monetario es una de las causas directas de la rápida depreciación del bolívar en el llamado mercado cambiario paralelo y de la creciente tasa de inflación, para llegar a ser desde 2014, la tasa más alta del mundo, a pesar que el Directorio del BCV ha tomado medidas para modificar a su conveniencia el cálculo del Índice de precios, al tiempo que ha retrasado su publicación.
— Un régimen de control de cambio, ahora con múltiples tasas, instaurado en forma temporal en 2003 para enfrentar la caída en reservas internacionales, fue convertido en un sistema permanente de asignación de divisas, con todas las distorsiones económicas que esto causa, como la persistente sobrevaluación de la tasa de cambio oficial, que condujo a mayores importaciones y a la pérdida de valor del bolívar ante el dólar en el mercado no oficial. El énfasis del Plan Socialista 2007-12, de aumentar la participación del sector público, ampliar los controles de precios sobre el sector privado mientras se elevaban los costos de producción, junto a la moneda sobrevaluada y el amplio diferencial cambiario entre la tasa de cambio oficial y el mercado no oficial, causó un poderoso desestimulo a la producción nacional, con el consecuente desmantelamiento de parte de la tradicional producción agrícola e industrial del país, un incremento de la corrupción asociada a la asignación de divisas y, a finales de 2014, prácticamente el agotamiento de las reservas internacionales liquidas.
— Hace ocho años, en enero de 2007, el presidente Hugo Chávez anunció luego de su reelección que Venezuela se dirigía a una transición hacia el socialismo del siglo XXI. Se inició un proceso de expropiaciones y confiscaciones a varias empresas nacionales e internacionales, del sector agrícola, industrial, eléctrico, financiero, servicios y telecomunicaciones; Además, se crearon nuevas empresas y entes públicos para realizar compras en el exterior y distribuir bienes dentro de gasto social, estrechamente vinculado a la red clientelar del partido de gobierno. También se ampliaron las facultades del Gobierno para ejercer controles de precios, de ganancias y sobre la distribución de bienes de producción privada en el territorio nacional. Evidentemente, estas medidas forman parte de la concepción socialista-marxista, previa a la caída del muro de Berlín, promovida por el Primer y Segundo Plan Socialista desde 2007, bajo el auspicio de Hugo Chávez. Desde el 2009 la pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la economía, público y privado, se ha convertido en un impedimento más para el normal abastecimiento con producción nacional. Las empresas básicas estatales de Guayana han reducido alarmantemente su producción a un rango estimado de 40-60% de su capacidad potencial; operan con fuertes pérdidas, desactualización tecnológica y baja calidad del producto final. Algunas empresas estatales subsisten con transferencias de recursos desde el Gobierno Central, PDVSA, el Fondo Chino y del BCV. Los sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones, presentan graves problemas de gestión, falta de inversión oportuna y fallas en la prestación de los servicios.
Estos puntos anteriores han sido explicados en varios documentos suscritos por economistas desde 2009, como serios problemas y obstáculos para la estabilidad y el progreso económico de Venezuela. La política gubernamental no sólo no ha resuelto ninguna de estas dificultades, sino que ha permitido que se agraven aún más. Como hemos señalado antes, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin respeto a los límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica de izquierda radical que ha justificado con el presunto fin revolucionario, el abandono de las prácticas de una democracia funcional moderna, abierta al escrutinio público y respetuosa del estado de derecho.
B) La emergencia económica del 2015 y la necesidad de una nueva política económica
Todas las dificultades económicas resumidas anteriormente, donde se podrían agregar una serie de problemas sectoriales adicionales, afectados por el marco de política económica analizado, son previas a la aguda caída de los precios del petróleo. En junio de 2014 el precio de la canasta de exportación de crudos y productos petroleros venezolana era de 99,11 $/barril; para la primera quincena de enero 2015 fue de 41,33 $/barril. Una caída de 58,3% en algo más de 6 meses. El excedente de oferta petrolera en la economía mundial se irá moderando con la disminución del precio del crudo, el cual todavía no encuentra un punto de equilibrio; pero el débil crecimiento de la demanda mundial, lleva a pensar que será un proceso prolongado, quizás de un par de años, antes que el crudo vuelva a elevar el precio de Venezuela por encima de los 65-70 $/barril.
Las estimaciones del impacto sobre la balanza de pagos, en el contexto anterior, son realmente dramáticas. En 2012 los ingresos por exportaciones petroleras fueron de $93.569 millones con un precio promedio de exportación de Venezuela de 103,42 $/barril; En 2013, según cifras del Ministerio de Energía y Petróleo provistas al BCV, bajaron a US$85.603 millones, aunque la data de comercio internacional indica que debió estar cercano a los US$81.000 millones. En 2014 se estima que los ingresos brutos por exportaciones cayeron a US$71.500 millones; y para el 2015, con el crudo venezolano en un promedio de 46 dólares (11.3% más alto que el precio en lo que va de año), las exportaciones petroleras, llegarían a un estimado de US$35.500 millones.
Con reservas internacionales insuficientes, US$20.750 millones al 15 de enero pasado, que incluyen ahora, desde el cuarto trimestre 2014, activos de reserva no convencionales, Venezuela no puede cubrir una caída del ingreso petrolero que en 2015 puede ser de US$35.500 millones, una cifra equivalente al 50% del año anterior, bajo un escenario conservador. No se puede descartar que el crudo venezolano caiga por algunos meses a un nivel de 30 $/barril, lo cual bajaría el precio promedio del año a menos de los 46 $/barril estimados aquí. En este escenario conservador, todos los compromisos financieros descritos y las importaciones de crudo, combustible y equipos por parte de PDVSA, requeriría más de 2/3 de los disminuidos ingresos por exportación petrolera de 2015. Esta situación constituye una crisis de balanza de pagos (crisis cambiaria) sin precedentes, por la magnitud de obligaciones financieras adquiridos por los Gobiernos de Chávez y Maduro y la onerosa factura de importaciones de crudo y productos por parte de PDVSA.
Por un lado las necesidades de importaciones en el país se han elevado en los últimos años, reemplazando muchos rubros agrícolas e industriales de producción nacional; además de contar ahora con una economía postrada, con fuertes limitaciones en varios sectores en cuanto al acceso de divisas o el suministro de insumos de empresas estatales, entre otras dificultades asociadas a los controles gubernamentales, lo cual ha reducido la capacidad productiva, como se describió antes. La deuda comercial en divisas del sector privado y las ahora mucho más agudas limitaciones en el suministro de divisas en 2015, para cumplir con sus proveedores, son también un gran obstáculo para aspirar al normal abastecimiento del país, sin un cambio drástico en la política económica.
Por otro lado, están los pesados compromisos externos impuestos sobre el flujo de caja de PDVSA, con el pago del financiamiento que recibieron el Gobierno de Chávez y Maduro de China y que estos gobernantes han provisto a PetroCaribe y Cuba; además del pago en efectivo por parte de PDVSA, de las costosas y crecientes importaciones de crudo y productos, junto al servicio de la deuda financiera de la Republica y de la empresa petrolera, que, por supuesto, se realizan con las divisas petroleras. Por estos motivos y por la transferencia a fondos extra-presupuestarios como el FONDEN, en los últimos 5 años PDVSA redujo su entrega de divisas al BCV a montos equivalentes a un promedio de 50% del total de los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera.
En 2015, como se señaló antes, no se prevé un flujo de divisas petroleras suficientes para pagar por las importaciones públicas y privadas necesarias, luego de cubrir las pesadas obligaciones financieras adquiridas; y por lo tanto se trata de una muy severa crisis de balanza de pagos, sin precedentes en la historia de Venezuela, que exige un cambio coherente de política económica y buscar financiar un déficit de balanza de pagos de más de US$35.000 millones.
La caída de la actividad económica, PIB, en el primer semestre del año, previo a la caída del precio del crudo, fue, según cifras del BCV, de -4.9%, con un desplome de dos dígitos en manufactura, comercio y construcción (-11,7%, 11,5 y -10%, respectivamente); y el PIB se redujo en 2.3% en el tercer trimestre del 2014. A pesar del peso que estos sectores tienen en términos de empleo, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que no se elevó el desempleo. El Directorio del BCV ha venido ejerciendo presión sobre los profesionales que se encargan de las mediciones de inflación, actividad económica (PIB) y balanza de pagos. En este sentido se ha detectado que las cifras del sector público provistas a las unidades de estadísticas del BCV se han adulterado en los últimos años con el fin de atenuar los resultados económicos negativos.
Sin duda, la pérdida de autonomía del BCV se refleja en su política monetaria presta a financiar el déficit del sector público, la manipulación y ocultamiento de las estadísticas y en haber transferido más de $60.000 millones, desde 2006, de las hoy más que nunca necesarias reservas internacionales, a fondos de gasto público extra-presupuestario. En octubre de 2014 los profesionales del BCV denunciaron en un comunicado a la opinión pública que han recibido presiones para que las estadísticas no reflejen toda la magnitud de la crisis económica de Venezuela.
En medio de la muy difícil y vulnerable situación económica y social, por las dificultades explicadas en este documento a la opinión pública, queremos hacer una serie de recomendaciones al país, a todos los sectores que promueven la búsqueda de un rumbo distinto, sobre los cambios urgentes de política económica y reformas institucionales que consideramos necesarios para sacar a Venezuela de las graves circunstancias en que se encuentra al inicio del 2015:
— Establecer un nuevo proceso presupuestario ordenado, con el objetivo de reducir el déficit del sector público. Este último debe apuntar a no exceder del 4% del PIB en un plazo de dos años; y en un año de aguda caída del ingreso petrolero se debe establecer una meta transitoria más alta, aunque acorde con un programa macroeconómico y financiero de acciones coordinadas. Con más de 1.200 empresas estatales y nacionalizadas, casi todas con grandes problemas financieros y operacionales, además de cientos de entes públicos, esta tarea constituye un desafío a una forma de dirigir el gasto público, guiado por objetivos políticos-electorales. Se debe cumplir con el artículo 314 de la Constitución que establece que no habrá gasto público fuera del Presupuesto Nacional y suspender los fondos extra-presupuestarios de gasto discrecional. El énfasis en gasto social y en dar acceso a alimentos y medicamentos a la población de menores de recursos se debe mantener, pero usando ahora mercados funcionales y acuerdos con el sector privado, en vez de un aparato burocrático propenso a la corrupción y que facilita la existencia de mercados negros y, además, se enriquece junto a particulares con el contrabando.
— Rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela, con el nombramiento de un Directorio calificado que no esté sometido a las directrices del Gobierno. El financiamiento monetario de más de dos tercios del déficit del sector público y la transferencia de reservas internacionales al FONDEN deben ser suspendidas, dentro de una programación macroeconómica coordinada con el Ministerio de Finanzas y PDVSA. Las tasas de interés de interés deben remunerar el ahorro nacional y mantenerse, inicialmente, un control sobre el spread entre tasas activas y pasivas; se deben tomar medidas para fomentar la estabilidad y el sano crecimiento del sistema financiero. Aunque no vaya a recibir recursos de las exportaciones petroleras en los primeros años, mientras se atienden diversos problemas económicos y financieros, se debe crear un nuevo Fondo de Estabilización Macroeconómica, que comience a operar en 2017.
— Ejecutar de inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de PDVSA, dentro del contexto de un nuevo plan económico, para iniciar la recuperación y elevación de la capacidad de exploración, producción y exportación petróleo y productos derivados, propia y desde de las empresas mixtas.
— Operaciones de pasivos que permitan mejorar y reducir el perfil de vencimientos de la deuda externa de la República y PDVSA, además de revisar o suspender otras facilidades crediticias recibidas o provistas a otros países, dentro de un plan de reformas y nueva política económica. De otro modo se corre el riesgo de incumplir con esos compromisos financieros. Las deudas comerciales del sector público y privado, que se compruebe que son legítimas, deben también ser parte de la negociación con los acreedores en el nuevo contexto de cambios económicos. El país requiere de financiamiento externo en montos muy importantes, dentro de un plan de reordenamiento del perfil de pagos de la deuda financiera, lo cual debe contribuir para dar sustento al nuevo régimen cambiario, dentro de un cambio de orientación económica, distante del manejo descrito hasta ahora; manteniendo el objetivo de un desarrollo económico de largo plazo y diversificación de la base exportadora de Venezuela. No es aceptable endeudar más al país para intentar mantener un modelo económico de presunta transición al socialismo, que ya ha comprobado ser desastrosamente errado en su concepción y práctica.
— Desmontar el régimen de control de cambio, como objetivo central dentro del plan económico – fiscal, monetario, financiero – para lo cual es fundamental crear las condiciones económicas y sociales para mejorar la producción, distribución y comercio de bienes y servicios. Esta es una tarea compleja que exige fortalecer las reservas internacionales y coordinar con el sector privado para un proceso gradual de desmontaje de los controles de de cambio y de precios, hasta llegar a una situación de estabilidad, en un plazo a establecer, donde los mercados puedan volver a operar, en un mejor ambiente económico con una tasa de inflación disminuyendo rápidamente. Debemos llegar a disponer de un mercado cambiario funcional sin las generalizadas prácticas de corrupción para aprovechar los diferenciales cambiarios. La coordinación entre Gobierno Central, PDVSA y BCV es esencial para el éxito de este proceso de transición a un nuevo régimen cambiario.
— Diseñar políticas sectoriales en el contexto de los cambios de la política económica y petrolera del país, para así estimular la recuperación económica y mayor productividad laboral en los sector agrícola, manufacturero, minero, construcción, turismo. Los trabajadores venezolanos se beneficiarán directamente de la recuperación sólida de los sectores económicos ahora deprimidos, con más bajas tasas de inflación, mejores salarios reales y generación de nuevos empleos. El capital privado venezolano, que ahora invierte en varios países de las Américas podrá volver a ver a Venezuela y ayudar mucho a elevar la inversión privada y las reservas internacionales, al percibir al país como una economía en vías de estabilizarse y prosperar. Se deben continuar con las obras de infraestructura que estén en marcha; y con apoyo de organismo multilaterales avanzar en la modernización de la infraestructura física y de servicios públicos.
En los últimos tres años las exportaciones petroleras representaron en promedio más del 96% del total de las exportaciones del país, la más alta tasa de dependencia jamás registrada desde que se comenzaron a llevar las cuentas nacionales a mediados del siglo XX. En 1997 fue de 76,8%. Hubo un retroceso muy importante y las exportaciones no petroleras se han reducido a cifras muy pequeñas. La dependencia petrolera actual y el haber animado a la población a esperar que el uso fiscal de los ingresos petroleros y el endeudamiento público (basado en comprometer los ingresos petroleros futuros) solucionen todos sus problemas, constituyen un importante problema económico, social, cultural y político. Los cambios económicos, en toda su magnitud, requieren de un clima de coincidencia, de unidad nacional, que ha probado no ser fácil de conseguir bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
Como consecuencia del estancamiento económico, conjuntamente con la elevada inflación de los años 2013-14, los ingresos reales de los trabajadores formales e informales han declinado, no solo por la caída en la actividad económica, sino también por el alza acelerada de los precios. Para el año 2013 el índice de pobreza general del INE subió a 27,3 %, pudiéndose estimar que este llegó a un 35 % al final del 2014; ello implica que el número de personas en condiciones de pobreza aumentó de 8,2 a más de 10.5 millones de venezolanos.
La crisis económica ya se ha tornado en una gran crisis social. Es visible la desesperación de la población ante el desabastecimiento generalizado, la escasez que crea largas colas en todas las ciudades del país; y el aumento del crimen que encuentra un clima propenso en el empobrecimiento y creciente desempleo que vive Venezuela. La política comunicacional del Gobierno ya no puede aspirar a desviar su responsabilidad por la grave situación socioeconómica. La población ha venido perdiendo la confianza en que el Gobierno puede cumplir sus promesas de garantizar el abastecimiento y crece la frustración. El país necesita una visión económica alternativa, una economía de mercado con fuertes instituciones sociales y económicas, dentro de una democracia donde prevalezca el respeto a la ley y los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos.
Debemos enfatizar que en una economía abrumada por controles gubernamentales ineficaces y un control de cambio que enriquece a grupos cercanos al poder político, la corrupción florece, mientras cae la producción nacional por falta de divisas eficientemente asignadas; esto ha elevado la percepción de abuso de poder sobre la población empobrecida y desesperada ante el deterioro de la situación económica de Venezuela, mientras la caída del ingreso real de la familia venezolana, la escasez de alimentos, medicinas, bienes de higiene personal, vehículos, insumos para la construcción e industria, y una larga lista de otros bienes, nos recuerda la causa del fracaso de las economías socialistas del siglo pasado.
A principios de 2015, Venezuela se encuentra, como resultado de un muy adverso ambiente económico y de la reciente caída del precio del petróleo, en una situación extrema en sus cuentas externas, financieras y fiscales, como no la hemos vivido desde las primeras décadas del siglo XX. El país se encuentra cercano a caer un proceso hiperinflacionario (alza de precios de más de 100% al año), como ocurrió en otros países de América Latina en previas décadas. Esto debe ser evitado con una nueva política económica sensata, sin la restricción ideológica ni el cálculo político restringido de quienes trajeron el país a esta situación.
Venezuela requiere de un urgente proceso de concertación a nivel nacional frente a las graves circunstancias explicadas en este documento; y es necesario un ánimo de rectificación profunda, en función del interés nacional, para que el Gobierno abandone sus políticas equivocadas y pueda dar paso a una nueva estrategia de recuperación económica y social exitosa. Esta será una tarea compleja y exigente que se enfocará en atender la emergencia económica y su devastador impacto social, que enfrentamos a principios de 2015.
Creemos que la definición de una estrategia de rectificación económica en medio de la emergencia económica que estamos comenzando a enfrentar este año, con nuevas políticas e instituciones dirigidas a alcanzar y mantener la estabilidad económica en Venezuela, como la gozan casi todos nuestros países vecinos en América Latina, debe concentrarse en las ideas antes expuestas. Ello implica enfrentar un auténtico círculo vicioso de prácticas gubernamentales actuales, incapaces de proveer la estabilidad económica necesaria, así como a intereses grupales y la resistencia ideológica dentro del Gobierno, muy a pesar del evidente fracaso económico en su gestión.
El control de cambio con múltiples tasas, mantenido por razones políticas, ha sido el centro de una crisis de valores en el país, de afán de riqueza fácil, un serio problema ético y social que sobrepasa las consideraciones económicas antes descritas y debe ser desmontado dentro de un marco de reformas institucionales y cambios de la política económica coherentes. Creemos en la capacidad de los venezolanos de buscar un camino exitoso para salir adelante y no conformarse con las penurias asociadas a los grandes errores económicos cometidos.
60 economistas venezolanos con trayectoria académica y/o experiencia en el sector público suscriben este documento:
Orlando Ochoa
Patricia Hernández
Luis Oliveros
Sary Levy
José Guerra
Ronald Balza
Tamara Herrera
Asdrúbal Oliveros
Isaac Mencia
Alejandro Grisanti
Richard Obuchi
José Toro Hardy
Pedro Palma
Domingo Sifontes
Francisco Ibarra
Gustavo Rojas
Luis Carlos Palacios
Henkel García
Héctor Silva Michelena
Adicea Castillo
Teodoro Petkoff
Ángel García Banchs
Humberto García Larralde
Neuro Villalobos
Francisco Faraco
Tarquino Barreto
Héctor Malavé Mata
Edison Morales
Luis Beltrán Petrossini
Alejandro Gutiérrez
Jóvito Alcides Villalba
Marcos Morales Quintero
Gustavo Guevara
Jesús Casique
Edgar Cárdenas Medina
Pablo Polo
León Sarcos
Gustavo Machado
Eduardo Semtei
Jorge Sánchez Melean
Rafael Piña Pérez
Edinson Jiménez Medina
Alberto Castellano
Douglas Ramírez
José Manuel Puente
Antonio Paiva
Marcos Sandoval
Genry Vargas
Asnaldo Soto
José Mora
Daniel Anido Rivas
Christi Rangel
Carlos Torres
Arlean Narváez
Luis Bruzco
Alfredo Rincón
Robert Bottome
Kamar Romero
Juan Plaja
Stefan Balabanoff
*
Caracas, 22 de enero 2015
