Un total de 22 estudiantes heridos leves y 8 graves causó el allanamiento efectuado por organismos policiales y militares, así como colectivos del Núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, el jueves 15 a última hora de la tarde y que conllevó a la suspensión de las actividades en pregrado, postgrado y administrativas por tiempo indefinido, publica El Nacional
Omar Contreras Molina, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA Táchira, relató que al irrumpir la fuerza pública y los civiles armados en las instalaciones universitarias dispararon metras, proyectiles de acero, perdigones, lacrimógenas y gas pimienta.
“El pasillo central que da hacia el edificio administrativo se convirtió en un campamento de guerra. A bachilleres les volaron los glúteos, a otros les volaron el pabellón de la oreja y al más grave, le abrieron un hueco muy cerca al corazón. De no tocar el proyectil en algún sitio primero, le hubiesen impactado en el corazón. Eran alrededor de 22 muchachos heridos, pero de gravedad, solo ocho. Y no pueden llevarse a ningún centro asistencial porque inmediatamente son detenidos y ahí les mandan fiscales, los procesan y los mandan para cualquier sitio. Los lesionados fueron atendidos por estudiantes de Medicina. Le exigimos al gobernador que por favor recoja y mande a hacer un trabajo psicológico a sus policías”, señaló.
Recordó que cuando José Gregorio Vielma Mora fue candidato y estuvo en campaña visitó la ULA-Táchira, se identificó como profesor universitario y ofreció que al ser gobernador iba a respetar la institución y que nunca sería allanada ni violentaría la autonomía de esa casa de estudios ni de ninguna otra.
“Hemos pasado por muchos gobernadores, inclusive como Ronald Blanco La Cruz (PSUV) y ninguno de ellos se atrevió a penetrar los espacios del recinto universitario y mucho menos con saña como lo hicieron”, expresó.
En el Ministerio Público serán consignadas las pruebas de la violación de los espacios de la ULA-Táchira.
Exigen establecer responsabilidades. Alfonso Sánchez, vicerrector académico, dijo que los agentes de la Policía Nacional Bolivariana, apostados en los accesos cercanos a la ULA-Táchira, le impidieron pasar hacia la institución cuando estaban ocurriendo los hechos. Los funcionarios argumentaron que no estaba autorizado. Se negaron a llamar a sus superiores para que Sánchez conciliara o dialogara, pese a que se identificó como autoridad rectoral.
“Tomé la decisión de ingresar a la universidad con el riesgo que eso significaba y lo hice, no porque sea más valiente sino porque me indigna que un venezolano que está recibiendo órdenes se olvide de que también es pueblo, como lo son los que estaban en la universidad. Exigimos que se establezcan las responsabilidades no solo en los últimos hechos sino en la quema del autobús, ocurrida el lunes de la semana pasada. Si hay miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, obreros, empleados, involucrados, actuaremos conforme lo establece la Constitución y los estatutos de nuestra universidad”, dijo el vicerrector Sánchez.
Versión oficial. José Morantes Torres, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral en Táchira, desmintió cualquier tipo de incursión policial y militar dentro del claustro universitario y señaló que las acciones ejecutadas llevadas a cabo fueron de despeje de vía de los escombros y basura para garantizar el libre tránsito.
“Tampoco hubo excesos ni uso desproporcionado de la fuerza pública. Hubo estrictamente lo establecido en manuales y leyes, y en lo que se refiere al despliegue de seguridad para el control de manifestaciones y disturbios por parte de estudiantes y personas que se suman a este tipo de manifestaciones por el efecto contagio”, señaló el oficial.
Respecto de los heridos dijo no tener conocimiento de lesionados, al tiempo que señaló que los centros médicos legales operan en las redes privadas y públicas del estados y no dentro de una universidad.
Bajo régimen de presentación
SOFÍA NEDERR
De los 14 ciudadanos detenidos el sábado 10 de enero en San Bernardino y Santa Fe, 2 son menores de edad y 12 están procesados.
Los tribunales 36 y 38 de Control del área metropolitana de Caracas impusieron medidas de presentación periódica. Nizar el Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, informó que los ocho detenidos de San Bernardino fueron imputados por los delitos de instigación pública, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. A los de Santa Fe se les acusó de instigación pública y obstrucción de las vías públicas.
“El caso más dramático es el de un joven que estaba con su madre haciendo la cola en el Bicentenario de San Bernardino para comprar y tomó una foto. Se lo llevaron y en el acta policial la Guardia Nacional Bolivariana expresa: ‘estaba tomando fotos por lo que se acercó al mismo para aprenderlo’, según consta en el expediente 18321-15”, refirió El Fakih.
El abogado dijo que el Centro de Derechos Humanos de la UCAB seguirá asistiendo a los ciudadanos de este caso que no cuentan con posibilidad de pagar un defensor. Indicó que las denuncias de dos jóvenes, presuntamente maltratados con electricidad, fueron registradas bajo confidencialidad.
