Panamá, al igual que Andorra, históricamente ha sido catalogada como paraíso fiscal, países de estricto secreto bancario y débiles controles antilavado. Las empresas venezolanas contrataban con proveedores de servicios reales y ficticios que muy bien podían mantener cuentas en cualquier país inclusive en Norteamérica y en bancos de primera línea.
Vale la pena preguntarse si la intervención de los bancos en Andorra, España y Panamá se hubiese dado sin la presión ejercida por el Fincen. El papel del FINCEN de EEUU es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito y la lucha contra el lavado de dinero, y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras
Cuando vemos casos como el de Andorra, nos preguntamos cuál es la responsabilidad de las firmas de auditoría que no mencionan en sus informes de evaluación debilidades en los sistemas de administración de riesgos de Legitimación de Capitales. Es importante comenzar recordando las multas a grandes firmas en los EE.UU y España, por auditoria negligente al sistema antilavado de diversos bancos que terminan recurriendo a los tribunales para evitar pagarlas
Debemos iniciar cuestionando el trabajo del Oficial de Cumplimiento del banco de origen y el de destino, por su puesto la directiva del banco, su área de negocios, su auditoría interna, la auditoría independiente (firma de contadores) y por su puesto al órgano supervisor local (Superintendencia de Bancos).
Este profesional es un funcionario de alto nivel dentro de la entidad bancaria, trabaja bajo relación de dependencia contratado por la directiva del banco para que implemente un sistema que permita administrar los riesgos en materia de legitimación de capitales y evitar que la entidad financiera sea utilizada para legitimar capitales procedentes de actividades ilícitas. Dentro de sus funciones está sensibilizar a todo el personal de la entidad ante estos riesgos y prepararlos para detectar operaciones inusuales y/o sospechosas vinculadas a actividades delictivas.
Un profesional en esta materia trabaja en función de estadísticas, probabilidades, alertas automatizados donde tal vez no sea posible detectar el 100% de todas las operaciones inusuales, pero tratándose como es el caso de cifras tan significativas, con origen y destino cuestionados, con figuras expuestas políticamente (PEPs), resultaría difícil justificar una omisión de Reporte de Actividad Sospechosa a la autoridad financiera local.
De igual manera, luego la auditoría interna y la auditoría independiente que debe practicarse a la entidad tampoco pudieran justificar la no revelación de debilidades en un sistema antilavado de un banco que no alerto sobre transacciones evidentemente inusuales o sospechosas.
Pero también entra en cuestionamiento la posible negligencia de los órganos reguladores de ambos países si sus mecanismos de supervisión bancaria no detectaron debilidades en los sistemas antilavado de los bancos.
Estamos hablando de cifras astronómicas para el tamaño del banco de Andorra y que se procesaron durante unos cuantos años. No es una operación puntual con montos poco significativos, realizados por clientes de reconocida trayectoria, eran clientes PEPs, montos elevados, países de origen y destino de alto riesgo y la frecuencia de operaciones elevada que debieron encender todas las alertas del banco.
Ante las cifras que se informan en las noticias US$ 4.200 Millones, que tienen como origen un país (Venezuela) que destaca por sus índices de corrupción en las evaluaciones de Transparencia Internacional y puente de tráfico ilícito de drogas, y por otra parte un destino catalogado históricamente como paraíso fiscal (Andorra) por la OCDE con estricto secreto bancario, sería ingenuo no cuestionar cualquier flujo de capitales al menos como una operación sospechosa.
Sería interesante conocer si en esos países de origen y destino se levantaron reportes de actividades sospechosas que deben remitirse a la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo a las mejores prácticas anti legitimación de capitales.
Más evidente aun, es que personas catalogadas como expuestas políticamente ya están mencionadas en las referidas noticias como poseedores de cuentas e instrumentos financieros en la banca Andorrana y Española, donde se presume que recibían comisiones por las contrataciones acordadas con la estatal petrolera, el sistema de metro, la compañía eléctrica venezolana.
Pero por qué buscar bancos de tercera categoría en países donde históricamente sus sistemas bancarios han estado cuestionados por su opacidad. Esto se explica dentro de los esquemas de lavado de dinero en la segunda etapa del proceso conocido como la “Estructuración ”, en donde el legitimador de capitales persigue desvincular de su origen el dinero por medio de múltiples operaciones, pisando diversos países (mientras más opacos mejor) para finalmente dificultar futuras investigaciones.
El entramado de compañías creado en este caso en la jurisdicción panameña tenía esa finalidad esconder y dificultar investigaciones futuras pero con una efectiva auditoria forense, la cooperación internacional y la voluntad de los países nada quedara oculto. La intervención de las entidades bancarias en Andorra, España y Panamá, era el paso inicial para comenzar a develar el entramado financiero detrás de evidentes actos de corrupción oficial.
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