Escueta y espeluznante…
Es la noticia que da cuenta del ajusticiamiento de dos jóvenes estudiantes cuyos cadáveres -maniatados, amordazados, golpeados y baleados con saña- fueron encontrados en Catia el viernes por funcionarios policiales que, en comunicado también escueto y sospechosamente expedito, señalan, para curarse en salud, que los familiares de Luis Arianyi García, de 21 años de edad, y Yasmir Jesús Tovar Madrid, de 23, habrían negado “que hayan sido detenidos y asesinados por efectivos policiales por participar en protestas en Caracas”.
Sin embargo, los periodistas apostados en la morgue de Bello Monte no pudieron corroborar con allegados a las víctimas esa declaración que suscita más dudas que convicciones; y, si no tenía velas en ese entierro, ¿por qué el gobierno pagó los gastos del funeral?
Con este infausto hallazgo, el número de jóvenes asesinados en la capital desde el 19 de febrero se eleva a seis, media docena de ejecuciones que sólo serán tomadas en cuenta con fines estadísticos y, lo mismo que otras similares, engrosarán el archivo de casos sin resolver, y sus autores, que podrían pertenecer a esos colectivos parapoliciales que actúan -con tácito visto bueno gubernamental- al margen de la ley, pero cuadrados con la revolución, gozarán de libertad absoluta y hasta subsidiada.
Acierta María Corina Machado cuando sostiene que “el asesinato de los estudiantes ratifica la urgencia de la transición”, pues es un hecho que este régimen no está en capacidad de garantizar la seguridad ciudadana, como revelan las escalofriantes cifras referentes a robos, secuestros y homicidios que son perpetrados al por mayor en todo el territorio nacional.
Esas muertes ocurren en un país aquejado por la precariedad del abastecimiento alimentario, la recurrencia de las colas, los fallos reiterados en la prestación de servicios públicos, la agudización de la represión del justo reclamo y la coerción del ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas; es decir, en términos del acontecer nacional, se reducen a una tragedia sin más dolientes que los parientes y amigos de los fallecidos, cuya sed de justicia no será satisfecha, como no es satisfecha la mayor parte de sus necesidades.
En este contexto cabe preguntarse para qué existe un supuesto poder moral -que de ética no puede presumir, porque sus órganos están al servicio del opresor- cuyo emblema, la Defensoría del Pueblo, no ampara a quien, teóricamente, debe representar y es su razón de ser: el hombre común y corriente maltratado por un gobierno que le persigue, raciona y limita su ya de por sí reducida capacidad de compra y escamotea la protección que, constitucionalmente, está obligado a prestarle.
Razón, y mucha, tienen quienes han empezado a sumarse al “acuerdo para la transición” porque está claro que no se habrá de resolver con prontitud ni diligencia lo que no se ha entendido ni atendido a lo largo de los 16 años que llevamos viviendo al borde del peligro y de un ataque de nervios.
Reporteros 24
